Más de 1.100 aragoneses no pueden trabajar con niños por sus delitos sexuales
El Real Decreto de 2015 prohíbe trabajar con menores a aquellas personas sobre las que pesa un sentencia firme y están incluidas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Un total de 1.151 aragoneses tienen prohibido trabajar con niños por sus antecedentes penales, según recoge el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Sobre ellos hay una sentencia firme por un delito de índole sexual, que les prohíbe ejercer trabajos que tengan un trato directo con menores.
El Real Decreto de 2015, de ámbito estatal, exige un certificado de penales a todos los profesores, médicos, entrenadores deportivos, miembros de oenegés, curas o incluso personal del mundo del cine que ejerzan una actividad que tenga contacto con niños.
A nivel nacional, 5,1 millones de personas han solicitado desde 2016 esta acreditación, de las que 1.410 no obtuvieron el permiso. En Aragón, más de 40.000 trabajadores del Gobierno de Aragón tuvieron que acreditar en 2016 que carecían de antecedentes penales por delitos sexuales.
La obligación de presentar esta acreditación se extiende también a todas las personas que se van incorporando a los nuevos puestos de la Administración, así como a los trabajadores de bolsas de empleo o los de contratas externas. Fuentes de la DGA han asegurado que no se ha tenido que apartar a ningún trabajador de sus funciones por esta cuestión.
El Ministerio de Justicia es el encargado de expedir el certificado de penales, tras comprobar que el interesado no está inscrito en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que recoge la identidad y el ADN de todas las personas condenadas en sentencia firme por delito contra la libertad e indemnidad sexual o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual. A finales de agosto, había más 45.000 personas de toda España inscritas en este censo, de las que 1.151 eran aragoneses.
Una regulación polémica
El Real Decreto de 2015 provocó controversia, ya que muchos consideran que vulnera la ley de protección de datos. El pasado mes de marzo, un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza declaró ilegal el Real Decreto de 2015. Fue una profesora de educación secundaria la que llevó este asunto a los Tribunales.
El magistrado considera que no es inconstitucional, pero cree que no es adecuada la forma en la que el Gobierno central reguló esta cuestión, ya que entra en contradicción con normas de rango superior.
Afirma que establece mayores limitaciones para los condenados por delitos sexuales que las que fija el Código Penal. La regulación les prohíbe trabajar con menores en un periodo de 30 años (tiene, además, carácter retroactivo). El magistrado asegura que sobrepasa los límites legales, ya que el Código Penal permite cancelar los antecedentes penales por delitos sexuales antes de 30 años. El juez plantea que cabría plantear una cuestión de legalidad del Real Decreto ante el Tribunal Supremo.
