El independentismo dio rienda suelta a su indignación por la detención de Carles Puigdemont, pero si el expresidente es extraditado a España y puesto a disposición de la justicia española, el bloqueo de la investidura podría desencallarse por una jugada de rebote indirecta.

En este caso, el secesionismo podría aplicarse aquello de que no hay mal que por bien no venga. Y es que, si Puigdemont ingresara en una prisión española, JxCat y ERC podrían ganar un voto más del que tienen ahora y solo les haría falta convencer a Toni Comín para ganar la votación de la investidura en segunda ronda, sin necesidad de contar con el apoyo de la CUP, que a día de está complicado, aunque Quim Torra (JxCat) sorprendiera el sábado en el debate de la Cámara catalana diciendo que Turull tenía los votos necesarios.

La aritmética actualmente está de la siguiente manera, como se comprobó el jueves pasado en la votación de la elección fallida de Jordi Turull: JxCat y ERC suman 66 escaños y están dos de la mayoría absoluta, pero como Puigdemont y Comín, en tanto que fugados, no pueden votar en un pleno de investidura se quedan en 64. Neoconvergentes y republicanos necesitan por tanto cuatro votos de la CUP para ganar la votación en primera ronda o al menos dos votos de los anticapitalistas en segunda ronda.

Esquerra reclamaba desde hace días a Puigdemont que renunciara a su escaño y dejara que otro ocupe su lugar. Pero ahora esa exigencia dejará de ser necesaria. Si entra en prisión, el expresiente podría delegar su voto, como ya ha hecho el líder de ERC, Oriol Junqueras. De convencer a Comín para que se aparte ya se encargaría Esquerra.

Por otro lado, si un poco más adelante la Sala de Apelaciones confirmara el auto de procesamiento y encarcelamiento dictado por el juez Llarena, Puigdemont (y también Junqueras) quedarían inhabilitados para el ejercicio de cargo público, según prevé la Ley de Enjuciamiento Criminal. O sea, perderían su condición de diputados.

El problema con el que pueden encontrarse los secesionistas es que si los plazos de entrega de Puigdemont a la justicia española se demoran más allá del 22 de mayo, fecha tope para una celebrar una nueva sesión de investidura, volverían a la casilla de salida. En ese caso, ninguna de las fuerzas políticas podría evitar la convocatoria automática de elecciones que, en principio, nadie desea.

60 días para resolver la euroorden

La cena de Carles Puigdemont en la prisión de Neumünster, al sur de Kiel, debió de ser muy temprana y frugal. Dos rebanadas de pan negro, un poco de mantequilla y unas lonchas de queso y embutido. Una versión espartana del tradicional 'Abendbrot', la cena fría que se sirve en los hogares alemanes. A la espera de lo que decida este lunes la justicia alemana, Puigdemont habrá sabido ya lo que es dormir entre rejas.

Y habrá reflexionado sobre la posibilidad de continuar encerrado hasta su entrega a las autoridades españolas si sus abogados no consiguen convencer a los jueces germanos. Su caso ha sido asumido por la Fiscalía General del estado federado de Schleswig-Holstein, el más septentrional de Alemania, y será la Audiencia Superior de la localidad de Schleswig, la más cercana al punto de la autopista donde fue detenido, la responsable de estudiar y decidir sobre su entrega a España.

En contra de Puigdemont juega el hecho de que el delito de rebelión es muy similar al que en Alemania está tipificado como de alta traición en los artículos 81,82 y 83 de su Código Penal. Este persigue a quien "intente con violencia o bajo la amenaza de violencia" poner en peligro la existencia de la República Federal o "cambiar el orden constitucional", también en casos de intento de secesión.

Delitos para los que contempla penas de entre diez años y cadena perpetua en casos graves, y entre un año y diez para aquellos de menor gravedad. Tras proceder explicarle sus derechos, el tribunal encargado del caso dispondrá de un plazo de 60 días para decidir si cumple la solicitud de la justicia española de entrega de Puigdemont y, en caso de concederla, de otros diez días mas para ejecutarla. No se puede descartar que los plazos se prorroguen 20 días más si los abogados del expresidente consiguen introducir recursos que compliquen y retrasen la decisión del tribunal. El 85% de las OEDE tramitadas en Alemania acaban ejecutándose.

El precedente Ruiz Materos

Las autoridades alemanas han descartado de antemano, sin embargo, que una solicitud de asilo político por parte de Puigdemont en este país pudiera tener éxito. En primer lugar porque España es para Alemania un socio en la Unión de impecable solvencia democrática, pero también porque la justicia tiene otras prioridades. Un portavoz del ministerio de Interior de Schleswig-Holstein explicó que si el líder independentista solicita asilo, este será «estudiado como cualquier otro por la Oficina Federal de Migración y Refugiados», pero subrayó seguidamente que «la persecución de delitos y la ejecución de una orden de detención europea tienen prioridad frente a una solicitud de asilo».

El caso Puigdemont recuerda al del empresario Ruiz Mateos, que se refugió en Alemania en 1984 huyendo de la justicia tras estallar el escándalo Rumasa. Ruiz Mateos, que llegó también a solicitar asilo político para evitar su procesamiento en Madrid, fue extraditado un año después tras pasar la mayor parte del tiempo encerrado en una prisión en la que se preciaba de ser un artista de la fregona.