El juzgado de Primera Instancia nº 18 de Zaragoza ha concedido la conocida como segunda oportunidad a un hombre que acumulaba una deuda de 25.097 euros tras considerar que se cumplían los requisitos para aprobar el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), ahora EPI, tras la última reforma de la Ley Concursal que se aplica en estos casos. El caso lo ha tramitado la plataforma Repara tu Deuda Abogados. Un total de 353 aragoneses han acudido a los juzgados de la comunidad hasta mitad de año para solicitar el concurso de acreedores, paso previo para pedir la segunda oportunidad. 

Según explican desde el citado despacho 'online' el deudor se trasladó a vivir a Inglaterra para buscar trabajo y "durante su estancia sufrió un robo y una estafa, por lo que se vio obligado a volver a España". Una vez aquí, "empezó a buscar trabajo para costear los créditos que tenía pendientes. Conforme iba pagando sus cuotas mensuales, estas iban ascendiendo cada vez más, hasta llegar al punto de no poder hacer frente a la cantidad debida”, han afirmado, para explicar cómo llegó hasta la situación de sobreendeudamiento que le llevó a declararse en quiebra en los tribunales. 

"Como en su caso, numerosas personas acuden a la Ley de Segunda Oportunidad tras haber hecho todo lo posible para eliminar todas sus deudas", han explicado desde la citada plataforma. Esta calcula que desde que se incluyera esta posibilidad en la normativa concursal en el año 2015, en España "más de 20.000 particulares y autónomos han solicitado acogerse a esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído y que no pueden asumir".

Desde la plataforma explican que solo se inicia el procedimiento de segunda oportunidad "una vez comprobadas las circunstancias de sus potenciales clientes". 

Para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, hay que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, que el concursado no haya cometido delitos socioeconómicos en los diez años anteriores al proceso, que el importe de su deuda no supere los 5 millones de euros y que en todo momento actúe de buena fe, sin ocultar al juez bienes ni ingresos.

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