El Gobierno está abocado a aplicar un ajuste "doloroso" para reducir el déficit
Quitar ayudas contra la inflación y la crisis energética no basta y serán necesarios esfuerzos adicionales y en años sucesivos.
El futuro es, por definición, incierto. Pero en las actuales circunstancias la incertidumbre es aún mayor. Una situación geopolítica internacional convulsa, con las guerras de Rusia-Ucrania y Hamás-Israel; un 'impasse' nacional sin garantías de que vaya a haber investidura; y, por supuesto, sin Presupuestos Generales del Estado para 2024. Así que posiblemente la máxima de Pascal sea la única certeza: "Nada prueba nada, sino que es cierto que todo es incierto".
Mientras tanto, se siguen haciendo números sobre el papel. Porque pasada la pandemia y viendo que la guerra de Ucrania se va a prolongar, la Unión Europea quiere volver a la ortodoxia macroeconómica y a la senda de reducción del déficit público y de la deuda pública. En ese camino, cada vez está más claro que "va a hacer falta un esfuerzo adicional, solo con suprimir las ayudas no va a ser suficiente para recortar el déficit al 3%", explica María Jesús Fernández, economista sénior en el área de Coyuntura Económica de Funcas.
Bajar el déficit al 3% en 2024, como prevé el Gobierno, frente al 3,9% del PIB como espera cerrar este año supone un recorte de casi un punto porcentual del PIB, es decir un ajuste de más de 14.000 millones de euros. Y eso si se acaba el año con solo el 3,9% de déficit. En realidad, otros organismos como la Comisión Europea o el Banco de España calculan que el desfase entre ingresos y gastos será más elevado este año y se situará más cerca del 4,1%.
En lo que coinciden todos, desde la OCDE, el FMI, la Comisión Europea, la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), Funcas o BBVA Research es que, para reducir el déficit, hay que eliminar todas las ayudas indiscriminadas que se aprobaron temporalmente para paliar el impacto de la subida de precios en los alimentos y en la energía. Y también serán imprescindibles otras medidas de ajuste. Estas ayudas 'mueren' el 31 de diciembre de este año, salvo que el Gobierno decida prorrogarlas. En el Plan Presupuestario enviado a Bruselas la única medida que contempla prorrogar es la subvención al transporte público. La Autoridad Fiscal Independiente valora el coste de las medidas en 15.000 millones de euros en 2023: se han perdido 5.822 millones de recaudación por la rebaja del IVA a la luz, el gas y los alimentos, y la reducción del Impuesto Especial a la electricidad.
A su vez, el gasto ha aumentado en 9.114 millones de euros por la bonificación a los carburantes, las ayudas sectoriales y a particulares. En 2024, el impacto se reduce a 1.600 millones si no se prorrogan.
Pero esto no es simplemente una operación de suma o resta. Entran en juego muchas variables. El crecimiento económico estará más debilitado el año que viene y esa desaceleración impactará en un menor empuje del consumo y del empleo. "La recaudación por consumo o por IRPF se puede moderar", señala Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research, "por lo que el déficit no va a mejorar por el ciclo económico". "Todo lo que baje del 4% vendrá de las medidas que se tomen", señala Cardoso, que reconoce que "cualquier proceso de consolidación fiscal va a ser doloroso".
Según los datos del Gobierno, las ayudas suponen ocho décimas de PIB. Insuficiente para reconducir el déficit al 3%. Funcas estima que habrá que bajar de un déficit de 60.000 millones este año a casi 46.000 millones el año que viene y que el ajuste debería hacerse por la vía del gasto.
Además, los expertos subrayan que las ayudas aprobadas contra la crisis no reducen la desigualdad porque se aplican a todos. "No desperdiciemos recursos", subraya Cardoso. "Las ayudas deben ir a las familias vulnerables". Aunque con el precio del petróleo disparado, que los ciudadanos vuelvan a pagar de golpe mucho más por la luz, el gas, el transporte o los alimentos puede tener un coste político para el Gobierno tan grande que intente eludirlo con nuevas ayudas, especialmente si hay nuevas elecciones.
Gasto ineficiente
La reducción del déficit puede hacerse recortando gastos o aumentando ingresos -o una combinación de ambas-. A juicio de María Jesús Fernández, "hay mucho margen para reducir el gasto público sin afectar a la calidad de los servicios públicos" porque hay gastos ineficientes o redundantes. Un informe del Instituto de Estudios Económicos cifra en 60.000 millones de euros el gasto público ineficiente. María Jesús Fernández propone un replanteamiento del papel del Estado y la mejora de la eficiencia de la Administración Pública y de su personal: "Las empresas privadas ajustan personal cuando es necesario, pero en la Administración se van creando unas grasas que nunca se reducen".
La Autoridad Fiscal Independiente ha analizado políticas de gasto por un volumen anual de 103.000 millones y ha formulado 440 propuestas a un total de 40 organismos de las administraciones públicas.
De ellas, y según la información del Ministerio de Hacienda referida al Estado, se han implementado solo un tercio. Limitar por renta las subvenciones al transporte, elevar el control de las becas o revisar el copago farmacéutico estaban entre las propuestas. "Hay un incremento estructural del gasto que hay que revisar -coincide Cardoso-. Quitar gasto ineficiente es la mejor manera de recortar".
Aun reduciendo el desfase entre ingresos y gastos al 3%, el déficit superará los 46.000 millones de euros en 2024, que habrá que financiar mediante deuda. La ratio de deuda pública sobre PIB se reducirá, pero por el crecimiento nominal del PIB. Y, mientras, la carga de intereses no deja de aumentar, especialmente en el reciente ciclo de subida de los tipos de interés. El año que viene el pago de intereses de la deuda marcará un nuevo récord y rozará los 40.000 millones de euros.
Lo que está claro es que el ajuste fiscal no acabará en un año. La Autoridad Fiscal Independiente reclama un ajuste fiscal entre 2025 y 2028 de 9.500 millones anuales, es decir 38.000 millones en cuatro años. Un proceso de consolidación que no será indoloro.
La reducción del déficit viene impuesta por Bruselas, pero cómo hacerlo es una decisión política del Ejecutivo: ¿subiendo los impuestos o bajando gastos? No hay nada más político que las medidas fiscales. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular aprueban rebajas fiscales en el IRPF, el Impuesto sobre Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que reducirán su recaudación en 2.000 millones de euros en 2024.
Por el contrario, en el acuerdo entre PSOE y Sumar se contemplan varias subidas tributarias. Como la revisión y mantenimiento del impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca y las eléctricas, que en principio solo se iba a aplicar en 2023 y 2024, y que aporta en torno a 2.900 millones de euros anuales. Aunque este anuncio ya ha provocado la reacción de algunas empresas, como Repsol, que ha avisado de que puede reconsiderar sus inversiones en España si se mantiene el impuesto.
El tributo que sin duda va a seguir es el Impuesto a las Grandes Fortunas, si finalmente es avalado por el Tribunal Constitucional, aunque es de suponer que corrigiendo el error de redacción para lograr la recaudación de 1.200 millones a la que aspiraba el Ejecutivo y que luego se quedó en la mitad.
A esto se podría sumar un cambio de calado en el Impuesto sobre Sociedades. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, quiere que se aplique un tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable -y no sobre la base imponible como ahora- para recaudar 10.000 millones de euros más. Eso supondría elevar un 30% los ingresos por este impuesto. Sin embargo, surgen muchas dudas sobre este resultado. La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, lo considera un cálculo «teórico», ya que las empresas podrían trasladar los ajustes de la base imponible a los resultados contables o, incluso, algún resultado contable podría quedar fuera del territorio de aplicación del impuesto.
Subir impuestos no es inocuo. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, explica que un aumento de impuestos del 1% del PIB reduce en 0,7 puntos porcentuales el crecimiento económico. Aunque también el aumento del gasto público empuja el crecimiento. Por su parte, María Jesús Fernández, economista sénior en el área de Coyuntura Económica de Funcas, explica que si la recaudación representa el 40% del PIB, "supone que el 40% del precio de los productos son impuestos; si no hubiera tantos impuestos bajarían los precios".
