La tasa de basuras subirá cerca del 40% y será obligatoria para todos los usuarios
Los ayuntamientos deberán calcular el pago en función de los residuos que genere cada uno y los inspectores vaticinan una alta litigiosidad
La libertad municipal para costear la gestión de residuos con los tributos que mejor consideren tiene su fin con la ley que obliga a las entidades locales a aplicar a partir de enero de 2025 a todos los usuarios una tasa por recogida y tratamiento de residuos, más conocida como tasa de basuras, y a que con ella se cubra el 100% de los costes. Ahora, la norma permite que los ayuntamientos decidan si cobran una tasa y que esta sea deficitaria y no cubra todos los gastos. El primer cambio, por tanto, es que lo que se paga por recogida de basuras va a subir. Y mucho.
Las entidades municipales y supramunicipales recaudaron en 2021 por recogida de basuras y tratamiento de residuos un total de 2.079 millones de euros, pero los gastos ascendieron a 2.894 millones, según el informe sobre las tasas de basuras en España 2022 de la Fundación ENT. Es decir, que para cubrir todos los costes, los municipios tendrían que recaudar alrededor de un 40% más en conjunto a través de la nueva tasa de basuras y alcanzar los 3.000 millones de euros. En 2035, el gasto llegará a los 3.700 millones de euros, según estimaciones de la Fundación para la Economía Circular.
La subida de la tasa no será igual en todos los municipios, dependerá de lo que ya estén cobrando. Por ejemplo, en Andalucía, Asturias,Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja los ingresos superan a los costes. Por el contrario, en Madrid, los ingresos solo supone un 20% de los gastos; en Extremadura, el 65%; en Canarias, el 67%; en Cataluña, el 69%; en la Comunidad Valenciana alcanzan el 71%; en Galicia, el 75%; en Cantabria, el 83%; en Aragón, el 90% y en Murcia, el 98%; siempre según el análisis de la Fundación ENT sobre los presupuestos municipales de 2021.
No obstante, la ley -que se aprobó en 2022 para dar cumplimiento a una directiva y que ofrece un plazo de tres años a los ayuntamientos para aplicar esta nueva tasa- apenas detalla cómo hacerlo. Tan solo establece que la tasa tiene que ser específica, no diferenciada y permitir implantar sistemas de pago por generación. Ala hora de calcularla, además de incluir todos los gastos (recogida, tratamiento, vigilancia de vertederos, campañas de concienciación, etc) también se tendrán en cuenta los ingresos que se puedan obtener de ella. Por ejemplo, en la basura se puede encontrar piezas de oro, níquel y otros materiales que son susceptibles de venderse, además la quema de basuras o la biomasa generan energía, otra fuente de ingresos.
Inseguridad jurídica
Los inspectores de Haciendas Locales han advertido de que esta tasa puede provocar una litigiosidad judicial peor incluso que la causada con la nueva plusvalía municipal. El presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (Anihpl), Arturo Delgado, considera que los tributos municipales viven "una inseguridad jurídica permanente" porque el legislador estatal los tiene olvidados.
En el caso de la nueva tasa de residuos está regulada en un único artículo de una ley que contiene 166 (incluyendo disposiciones adicionales), y de no ser más detallada, supondrá un grave quebranto para las arcas públicas municipales si los tribunales echan abajo la fórmula para cobrar unos ingresos tan elevados. Juan Ignacio Gomar, inspector de la Hacienda local madrileña y miembro de la asociación, explica que las ordenanzas municipales, que tendrán que ser aprobadas el año que viene, deben determinar cuánto van a ingresar por esa tasa, calculando exactamente que cubra todos los costes (restando a los gastos los ingresos que vayan a obtener del reciclaje); pero el problema mayor viene a la hora de distribuir ese pago entre los vecinos mediante una fórmula polinómica, porque no genera lo mismo un hogar donde vive una persona que siete o una industria que otra.
"Eso nos envía a una litigiosidad muy elevada", subraya Gomar porque tendremos más de 7.000 ordenanzas de basuras y los tribunales tampoco tienen un manual de referencia para decidir y las sentencias pueden ser muy dispares. Así que los recursos porque no estén bien calculados los ingresos y los gastos y, sobre todo, porque la forma en que se decide la carga para cada usuario no esté ajustada correctamente pueden proliferar.
Los inspectores reclaman que el legislador establezca, ahora que está a tiempo, con claridad y detalle, los criterios para calcular la tasa. La Autoridad Fiscal Independiente propone un organismo especializado participado por los tres niveles de administración para lograr una aplicación efectiva de las competencias y también de los controles, inspecciones y sanciones «porque no se hacen», advierten desde la Airef. El gran temor de los que se dedican a la gestión de residuos, señala Gomar, es que al final tiren la basura en la casa del vecino o la dejen fuera de los cubos.
El pago por generación impulsa nuevos sistemas de recogida de residuos
La ley establece que la tasa de basuras se debe pagar en función de la generación real de residuos de cada uno. Es lo que se denomina pago por generación y que aplica el principio de 'quien contamina paga'. La tasa suele tener una parte fija o relacionada con características del hogar o del contribuyente y una parte variable que se basa en el peso o volumen real de la basura recogida, la frecuencia de recogida o el volumen del contenedor. En esta parte variable es donde se pueden aplicar bonificaciones por compostaje o uso de puntos limpios. Aunque el pago por generación incentiva la recogida separada, solo el 1% de los municipios españoles lo ha puesto en marcha, según el Observatorio para la Fiscalidad de los Residuos. Los cuatro principales instrumentos son estos:
Recogida puerta a puerta. Consiste en entregar los residuos delante de la puerta de la vivienda o comercio ya sea en bolsas, pequeños contenedores o en fardos según un calendario semanal de recogida para cada tipo de basura y en un horario determinado. Entre sus desventajas está el horario limitado y el aumento de los costes de recogida, pero mejora la calidad de la separación. Solo el 8% de la población española tiene este sistema, que nada tiene que ver con dejar las bolsas de basura en cubos comunitarios. Está implantado en varios municipios de Cataluña, Milán y Lisboa, entre otros. En Guipúzcoa se eliminó al considerar que había fracasado por el rechazo de la ciudadanía y las molestias que les ocasionaba.
Contenedores inteligentes. Se usan, por ejemplo en Gijón, Malta o Gante (Bélgica). Los hay que solo tienen sensores de llenado y otros que cuentan con un sistema de apertura a través de tarjeta, llavero o móvil, estos son los que dan mejor resultado porque permiten identificar al usuario y aplicarle bonificaciones. En Gijón, con los cierres electrónicos, aumentó del 10% al 50% la recogida separada de residuos. Los problemas a los que se enfrentan son el vandalismo y el coste de mantenimiento.
Puntos limpios. Siete de cada diez españoles utilizan con diversa frecuencia los puntos limpios fijos y la mitad los puntos móviles. Gijón tiene mecanismos de control de acceso y registro de depósitos en sus puntos limpios, lo que le permite saber la cantidad depositada, patrones de acceso, etc., y ganar en eficiencia evitando la acumulación de residuos o aumentando ingresos al identificar empresas que accedían como usuarios ciudadanos.
Compostaje. Usurbil (Guipúzcoa) fue pionero al poner en marcha en 2011 el primer proyecto piloto de compostaje comunitario del País Vasco. En 2023 fue la primera localidad de País Vasco con Certificado Residuo Cero y una acreditación de cuatro estrellas (sobre las cinco posibles). En el conjunto de la provincia de Guipúzcoa hay unas 4.000 familias involucradas en el compostaje comunitario (frente a cero en 2011) y muchas más hacen compostaje doméstico. También en Córdoba ha desarrollado diversos planes para promover el compostaje tanto en escuelas como talleres para adultos.
