El posible aval del Constitucional al impuesto a las grandes fortunas facilitará al Gobierno ampliarlo
El Pleno, que se reunirá el martes, estudia rechazar los recursos autonómicos de un gravamen que se tendrá que pagar, como mínimo, otra vez en 2024.
El Tribunal Constitucional trabaja ya con la posibilidad de dar vía libre al impuesto a las grandes fortunas puesto en marcha por el Gobierno este año, con el que trataba de unificar el pago del Impuesto de Patrimonio ante el abanico de políticas fiscales autonómicas. Si definitivamente avala el gravamen, el Gobierno se verá con las manos liberadas para extender su aplicación sin contratiempos jurídicos durante al menos otro año más, como tenía previsto.
El Pleno del Constitucional se reunirá el martes para comenzar a estudiar formalmente el recurso que había presentado la Comunidad de Madrid contra el tributo por considerar que su puesta en marcha vulneraba sus competencias autonómicas fiscales, así como los derechos fundamentales de los contribuyentes por entender que se quebraba el principio de seguridad jurídica. Lo hará en base a la ponencia elaborada por la magistrada progresista María Luisa Balaguer. También lo habían impugnado Andalucía, Galicia y Murcia.
El borrador con el que trabajan los magistrados del Constitucional mantendría la idea de que el Estado tiene potestad tributaria para aplicar este gravamen en todo el territorio de régimen común, y que no choca con las competencias regionales. Además, considerarían que su abono no vulnera los derechos de los contribuyentes les discrimina. En el caso de País Vasco y Navarra, el Gobierno les cedió la regulación, gestión y recaudación de la tasa. Las diputaciones forales vascas acaban de suavizarlo para los de mayor patrimonio.
Temporal o permanente
El denominado Impuesto a la Solidaridad grava el patrimonio neto de las personas físicas con una cuantía superior a los tres millones de euros. Esta figura estaba llamada a suplir el laberinto autonómico del de Patrimonio, cada vez más bonificado en las comunidades. Fue un reclamo de Moncloa a la "solidaridad de los ricos con el conjunto de la población". Y, a la vez, suponía una armonización indirecta para evitar 'dumping' entre territorios.
En principio, estaba pensado para ser aplicado en los ejercicios de 2023 y 2024, con el patrimonio de 2022 y 2023, respectivamente. Esa es la idea del Gobierno cuando el presidente, Pedro Sánchez, anunció su implantación durante el verano del año pasado. Un fallo en contra del Constitucional habría paralizado su cobro el próximo año.
Pero si finalmente hay vía libre jurídica, el Ejecutivo incluso podría plantearse una implantación menos temporal y más estructural. Es decir, hacerlo fijo durante más tiempo del estimado. Así lo insinuó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado mes de septiembre cuando indicó que el impuesto había cumplido el "objetivo político" de garantizar la "proporcionalidad" en el pago de impuestos. Y no descartaba hacerlo permanente si se constataba que esta es la mejor vía para garantizar que todos los contribuyentes pagan lo que les toca en todo el país.
En el Plan Presupuestario que España enviaba a la Comisión Europea este mismo domingo, el Ejecutivo en funciones apuntaba que no habría cambios en las políticas tributarias. De hecho, estima un incremento de ingresos tributarios para el próximo año de unos 6.500 millones de euros. De ellos, la mayor parte (unos 5.000 millones) se explicarían por el fin de las medidas de apoyo por la inflación y la guerra en Ucrania (fin al IVA mínimo de la luz y de los alimentos, impuesto eléctrico, etc.).
Recaudación, a la baja
Liquidado el primer pago del impuesto de grandes fortunas, la recaudación ha sido inferior a la estimada por Hacienda. La Agencia Tributaria ha ingresado 623 millones de euros por esta figura fiscal, una cuantía correspondiente a la liquidación de 2023.
Esa cifra dista de las previsiones anunciadas en su momento por Hacienda cuando se aprobó el tributo. En ese momento, el departamento dirigido por María Jesús Montero, hablaba de 1.500 millones de euros que obtendría el fisco. Con la primera anualidad, la cuantía recaudada ha sido un 60% inferior. Ese importe corresponde a la liquidación realizada por 12.000 ciudadanos, lo que representa un 0,1% de los contribuyentes de toda España. De media, han pagado 52.000 euros por su patrimonio.
