El Gobierno envía a Bruselas su Plan Presupuestario marcado por la incertidumbre interna y la exterior
La guerra entre Israel y Hamás agudiza la inestabilidad y complica las previsiones macroeconómicas.
El Gobierno remitió este domingo a Bruselas, en el último día de plazo como suele hacer, su Plan Presupuestario para 2024. Si siempre es difícil ajustar la realidad de los números macroeconómicos y fiscales a los objetivos, esta vez se encuentra con varios escollos. El primero es que el nuevo Plan Presupuestario le pilla al Gobierno en funciones, el segundo es que la inflación comenzó en verano una escalada que no ayuda a la hora de retirar las ayudas públicas aprobadas para afrontar la crisis energética e inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania. Y eso que la inflación se había ido reduciendo los meses anteriores hasta caer en junio por debajo del 2%, que es el objetivo marcado por el Banco Central Europeo (BCE).
El último dato que se ha conocido es el de septiembre, con una inflación del 3,5% en la que preocupa la relativa a los alimentos, que sigue disparada en el 10,5%. Ni la subvención a los carburantes para transportistas, ni el descenso del precio de la electricidad y ni siquiera la rebaja del IVA de los alimentos básicos que entró en vigor el pasado 1 de enero ha logrado reducir suficientemente el precio de la cesta de la compra de los españoles. Por tanto, en un escenario como este, retirar dichas medidas y que a partir del próximo enero los hogares paguen más por los alimentos es una decisión difícil de asumir en un contexto de formación de Gobierno o incluso preelectoral si la investidura de Pedro Sánchez no da resultado.
No sería fácil pedir el voto tras retirar las ayudas actuales. El Ejecutivo recuerda que para responder a la guerra de Ucrania y sus consecuencias se han movilizado más de 47.000 millones de euros. Una cantidad que los organismos internacionales consideran imposible de mantener.
En todo caso, el Gobierno prevé en su Programa de Estabilidad reducir el déficit público al 3% el año que viene, con lo que cumpliría las reglas fiscales europeas que se aprobarán probablemente antes de final de año, y situar la deuda pública por debajo del 110% del PIB.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último Monitor Fiscal hecho público hace unos días respalda que España pueda reducir el déficit a ese 3% en 2024 y bajar la deuda. Pero lo que advierten desde el FMI, desde la Autoridad Fiscal (AIReF) y desde la Comisión Europea es que para bajar el déficit público, el Gobierno tiene que eliminar las ayudas fiscales o ajustarlas para que las reciban solo colectivos vulnerables muy concretos.
Crecimiento
El Plan Presupuestario del año pasado contó por primera vez con un escenario alternativo al contemplado en los Presupuestos Generales del Estado debido a la guerra en Ucrania y su impacto económico, sobre todo en los precios de algunas materias primas y la energía. En estos momentos, la situación geopolítica no ha mejorado; al contrario, se ha complicado aún más con la guerra entre Hamás e Israel.
Todo ello además en un momento de ralentización económica debido al inevitable descenso del consumo de las familias por los elevados precios y la subida de los tipos de interés por parte del BCE, que ha encarecido las hipotecas medias firmadas a tipo variable alrededor de 130 euros mensuales en septiembre. Este descenso del consumo repercute directamente en la cuenta de resultados de las empresas.
Así, aunque para este año el Gobierno vaticinó un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,3% y todos los organismos nacionales e internacionales lo han ido avalando en sus sucesivas actualizaciones de previsiones macroeconómicas, para 2024 el escenario puede cambiar. El Ejecutivo estima hasta ahora un crecimiento del PIB del 2,4%, pero el nuevo Plan Presupuestario podría recalcular esta cifra y alinearse más con los organismos económicos. El último en rebajar sus expectativas ha sido el FMI, que la semana pasada indicó que la economía española crecerá un 1,7% el año que viene, tres décimas menos que su anterior previsión y siete por debajo de la estimación del Gobierno.
Normalmente el Plan Presupuestario se envía a Bruselas al tiempo que se tramitan los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso. Este año, con un Gobierno en funciones no hay Presupuestos, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que si Sánchez logra la investidura quiere enviar en enero los Presupuestos al Parlamento español.
En noviembre, la Comisión Europea dará su opinión sobre los borradores presupuestarios de los países y se discutirán en el Eurogrupo de principios de diciembre. España deberá tener en cuenta las opiniones de Bruselas y del Eurogrupo antes de aprobar sus cuentas públicas.
