economía
Unos 36.950 aragoneses acuden al bono social para rebajar la factura de la luz
En lo que va de año se han sumado 4.200 beneficiarios de este descuento directo en la factura de la luz. Las asociaciones de consumidores piden que se conceda de forma automática, sin papeleo.
En lo que va de año han aumentado las personas que buscan rebajas en su factura de la luz para esquivar las subidas de precio del kilovatio hora. El bono social fue creado por el Gobierno en la anterior crisis económica para proteger con descuentos y más derechos a los consumidores vulnerables. En esta se han ampliado las rebajas y los colectivos hasta el 31 de diciembre para tratar de paliar el impacto económico de la invasión rusa de Ucrania que desestabilizó el mercado de la energía el año pasado.
El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada en el mercado mayorista subirá este miércoles un 3,19% hasta los 107,1 euros por megavatio hora (MWh), con picos de 152,5 euros. Los precios han dejado de dar grandes vaivenes, pero siguen lejos de los 50 megavatios hora que se pagaban antes de la pandemia.
Los descuentos se fijaron en un principio entre el 25% y el 40%, pero con el refuerzo por las crisis energética han pasado a elevarse al 65% y el 80%, según el perfil de cliente. Entre los beneficiarios se encuentran personas con ingresos bajos, perceptoras del ingreso mínimo vital (IMV), familias numerosas, monoparentales, pensionistas con prestaciones mínimas, discapacitados y personas afectadas por la violencia de género, entre otras circunstancias especiales.
En Aragón, este año ha aumentado en 4.200 personas el número de beneficiarios de dichos descuentos, hasta los 36.948 en todo Aragón, según los datos a 25 de agosto de la eléctrica Endesa. Dentro de esta cifra se incluyen 16.076 personas que cumplen los requisitos para considerarse consumidores vulnerables y 20.872 englobados entre los vulnerables severos.
El avance en el número de solicitantes ha supuesto pasar de las 32.744 personas con bonificaciones que había en enero en la comunidad, que se repartían entre 14.482 vulnerables y 18.262 severos, hasta las cerca de 37.000 actuales. Habrían aumentando proporcinalmente en ambos grupos.
En España, Endesa ha registrado un crecimiento del 44% de sus clientes beneficiarios de bono social respecto a 2020, el año en que estalló la pandemia. Esto hace que la eléctrica cuente con casi 536.000 hogares que cuentan con esta ayuda.
La eléctrica es una de las "comercializadoras de último recurso" autorizadas por el Gobierno para ofrecer la tarifa regulada (PVPC), necesaria para conseguir estos descuentos.
Excesiva burocracia y falta de información
"El Gobierno ha ido mejorando la media en cuanto a porcentajes de descuento. Ha aumentado la cantidad por el bono social térmico; se han mejorado las condiciones para los que lo tienen, pero no se ha hecho nada por que llegue a más gente", apunta Charo Romero, técnica del área de Energía y Personas de la fundación zaragozana Ecodes. Esta organización está especializada en trabajar con usuarios afectados por pobreza energética y asesorar sobre ayudas y eficiencia.
"Sigue habiendo un gran desconocimiento, en general, sobre todo, en el tema de la energía", reconoce, algo que llevan observando que no ha cambiado desde los orígenes del bono social. Este se aprobó en 2009. Hasta sus oficinas llegan personas que podrían llevar años cobrándolo y no lo han solicitado todavía.
Una vez que lo conocen "enfrentarse al trámite no es tarea menor", confiesa. Algunos terminan por "renunciar", pese a que "es un derecho que tienen", recalca Romero. Entre los beneficiarios se encuentran personas con dificultades para manejarse con papeles ante la administración, que no tienen acceso a un correo electrónico, el medio más habitual de las comercializadoras para hacer los trámites o dificultades para el idioma. "A veces hasta a nosotros se nos 'enquistan' algunos bonos", confiesa.
Desde Ecodes reclaman que se avance más rápidamente hacia la concesión automática del bono social. Esta sería una de las medidas que se aprobó en la Estrategia contra la pobreza energética en 2019, pero aún no se ha implantando. "Se pueden cruzar datos entre Hacienda y Seguridad Social", plantea Romero, para comprobar los requisitos de renta.
Se puede pedir por teléfono, por correo electrónico, correo postal o la página web de la comercializadora. Hay que acompañarlo de documentación escaneada como el DNI o NIE de los miembros de la unidad familiar, certificados de empadronamiento, libro de familia o certificado del registro de parejas de hecho, entre otros específicos para este caso de personas que lo soliciten por tener una discapacidad u situaciones que tienen que certificar los servicios sociales.
Solo sobre una parte del consumo
Desde Ecodes añaden a las mejoras del bono social que se amplíe el importe sobre el que se aplica el descuento. Ahora "no se aplica a la totalidad de la factura si no a unos límites de consumo, que varían en función de los miembros familia y si hay menores", señala Romero. Estos resultan insuficientes, por ejemplo, para un matrimonio de personas mayores con todos sus aparatos y calefacción eléctrica.
Además, alerta sobre los riesgos de perder el bono social. "Nos ha ocurrido que conseguimos el bono social para una familia y luego lo pierden porque han aceptado una oferta que les han hecho pensando que era mejor", reconoce, sobre los cambios del mercado regulado al libre. Se puede recuperar, pero no los meses que se hayan facturado en la nueva comercializadora.
Otro peligro es que quien tiene reconocido el bono social cobra automáticamente otra ayuda, el pago único del bono térmico, pero solo si se tiene aprobado el eléctrico a 31 de diciembre. "El pago del térmico lo hacen el año siguiente. Si te cambias de comercializadora antes de diciembre has perdido también el térmico por lo que el daño puede ser importante", advierte sobre dejar las del mercado regulado.
La experta destaca las ventajas para seguir en el bono social más allá del descuento. En plena escalada de precios, llegó a haber momentos en los que el precio de la luz que se aplicaba con la tarifa del Gobierno (el del mercado en cada momento) se 'comió' los descuentos. Pese a ello, señala que tener el bono social ofrece también protección ante situaciones de impago. Hasta el 31 de diciembre no se puede suspender el suministro de luz a los consumidores con derecho a bono social.
