economía
Fraude en los ERTE covid: 560.000 euros de 57 empresas 'cazadas' por la Inspección en Aragón
El importe corresponde a las sanciones y las devoluciones de las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social en los casos resueltos en lo que va de año. Se vigilan los expedientes que han encadenado prórrogas desde marzo de 2020.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón investiga el cumplimiento de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) aprobados por el Gobierno para las empresas afectadas por las restricciones debido a la pandemia de covid-19. Las compañías que han ido renovándolos desde que se pusieron en marcha en marzo de 2020 se encuentran en el punto de mira del organismo. La última prórroga acordada por el Ministerio de Trabajo, las patronales y los sindicatos los alarga hasta febrero de 2022.
En lo que va de año, la Inspección ha iniciado 340 actuaciones, de las que se han finalizado 180 casos con 57 infracciones detectadas, lo que supone que se han encontrado incumplimientos en el 31,6% de los resueltos, según los datos a 20 de ocubre del organismo en Aragón. Para las empresas 'cazadas' por la Inspección ha supuesto el pago de 347.600 euros en sanciones y de 215.996 euros en exenciones devueltas en las cuotas de la Seguridad Social de las que se beneficiaron fraudulentamente. En total, unos 560.000 euros recuperados para las arcas públicas.
Indicadores de fraude
El responsable de la dirección territorial, Román García Oliver, ha participado este jueves en las XVII Jornadas laborales de la Asociación empresarial de asesores laborales de Aragón (AEAL) que se han celebrado en la Cámara de Comercio de Zaragoza. Ha señalado que el objetivo es que estos instrumentos para sujetar el empleo durante la crisis sanitaria se cumplan "adecuadamente". No se realizan "controles generalizados" sino que "la prioridad absoluta de la Inspección de Trabajo es controlar aquellos ERTE en los que hay algún indicador de que se pueden aplicar de forma fraudulenta", ha señalado.
Entre ellos se encuentran "aquellas empresas que teniendo un ERTE en vigor y prorrogado no han recuperado a casi nadie de la plantilla, a pesar de seguir aplicándose exoneraciones e incluso generando prestaciones por desempleo". Ha apuntado que las restricciones por la pandemia ya casi han desaparecido después de la última revisión de Sanidad que ha terminado con el control de aforos y horarios. Además, entre los requisitos de los ERTE covid figura "recuperar a los trabajadores en la medida en que la situación lo permitía".
García Oliver ha recordado que los trabajadores también pueden ser sancionados si son conocedores de las irregularidades, por ejemplo, trabajar estando de ERTE total. En estos casos deben devolver las prestaciones por desempleo que han cobrado.
Ninguna sanción en Teruel
Por provincias, de las 180 actuaciones finalizadas 152 se llevaron a cabo en Zaragoza, 26 en Huesca y 2 en Teruel. De ellas, 57 terminaron en sanciones, 55 para empresas ubicadas en la capital aragonesa, otras dos en Huesca y ninguna en Teruel. El grueso de las sanciones por ERTE covid fraudulentos fueron a compañías instaladas en Zaragoza, con 343.600 euros, y 4.300 euros correspondieron a las de Huesca.
En cuanto al dinero que han tenido que devolver por la rebaja de cuotas a la Seguridad Social a la que no tenían derecho, ha sido de 215.990 euros, en su mayoría del más de medio centenar de casos destapados en Zaragoza, que suman 214.820 euros, y los 1.170 restantes para las dos sanciones en Huesca.
Entre las infracciones había incumplimientos en materia de salarios que se adeudaban a los trabajadores, jornadas irregulares o contratos de trabajo mal hechos. Ha habido también un caso de una empresa que estando en ERTE había despedido a todos los trabajadores y no había presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que exige la normativa laboral. "Los incumplimientos más importantes que hemos detectado de fraude real han sido en empresas grandes", ha asegurado, sin dar detalle de sectores, pero ha indicado que son pocos casos y "no son representativos" del tejido empresarial. En las pymes habría encontrado incumplimientos "más esporádicos", de "uno o dos trabajadores".
"Criba" de empresas 'zombie'
La Inspección augura un "nuevo escenario" tras la última prórroga de los ERTE con una "criba" de empresas 'zombie', aquellas que no tienen viabilidad pero han resistido solo por los ERTE. A partir de ahora la Inspección espera que la Tesorería de la Seguridad Social le envíe también para comprobar las declaraciones responsables que incluyen las empresas en los ERTE.
En cualquier caso, el director territorial es consciente de que con el volumen de trabajo que ha generado la pandemia y el que se producirá tras esta nueva prórroga las inspecciones y sanciones "se arrastrarán durante cuatro años", en referencia al plazo de prescripción de estos incumplimientos.
El organismo ha pedido a nivel nacional un plan estratégico para reclamar al Gobierno más medios tanto técnicos como humanos para modernizarse y poder agilizar su trabajo. "No tenemos ni capacidad de notificar telemáticamente", pone como ejemplo. En Aragón hay 67 inspectores y subinspectores que pueden vigilar el cumplimiento de los ERTE. "Tenemos un volumen importante de plantilla, pero en el plan estratégico 2021-2023 se contempla un incremento de los recursos para ampliar el número de funcionarios. No por los ERTE, sino en general", ha apuntado.
Además ha recordado que el objetivo de la Inspección es "garantizar los derechos laborales", con especial atención al "salario, contratos y jornada", aspectos que reconoce que se resintieron en la anterior crisis económica y que augura que pueden volver a empeorar ahora. A ello se une el control de los fondos públicos y el pago de prestaciones.
Despidos nulos
En las jornadas, organizadas por los asesores laborales y patrocinadas por MAS Prevención, se han analizado las relaciones mercantiles y laborales en la era covid. En ellas han participado dos magistradas del Tribunal Supremo, Rosa María Virolés, que ha analizado la regulación del teletrabajo, y María Luisa Segoviano, que ha expuesto los límites y efectos de los despidos covid. Junto con el fraude en los ERTE se ha incluido el debate sobre la consideración legal que debe aplicarse al despido cuando se está bajo el paraguas de un ERTE. "Lo del despido lo vamos a ver en noviembre. No puedo pronunciarme ahora cuando la Sala lo tiene pendiente", ha manifestado Virolés, magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
"La norma dice que no habrá despidos en seis meses computados desde que el primer trabajador del ERTE se incorpore al trabajo. Lo que nos tocará ver es si es proporcional que por el hecho de que se haga una infracción sobre un trabajador se tenga que devolver la totalidad de las cuotas de todos los que están dentro del ERTE", ha apuntado.
"Ha habido Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia que ya lo han resuelto. País Vasco y Asturias entienden que los despidos por las mismas causas que dieron lugar al ERTE son nulos y otros como los de Cataluña Aragón, Castilla-La Mancha o Castilla y León, que eran despidos improcedentes y tenemos que pronunciarnos en el Supremo. Sería estupendo que la ley lo hubiera dejado claro, pero no es así", ha explicado por su parte Segoviano, también magistrada y presidenta de la Sala Cuarta del TS, invitada a estas jornadas, en las que se habló también de la ley del teletrabajo y del anteproyecto de reforma que prevé ampliar los ERTE.
Ha habido más de 200 participantes en este encuentro, además de otros tantos mediante el 'streaming' que se hizo a nivel nacional. En él ha intervenido también el epidemiólogo e investigador Juan José Badiola, para hablar de la evolución de la pandemia, entre otros ponentes. "Es un triunfo volver a poder celebrarlas. Ha sido un esfuerzo organizativo y económico muy importante por parte de nuestros patrocinadores", ha señalado Miguel Ángel Poveda, presidente de AEAL.
