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Economía

El acelerado y un poco accidentado camino hacia el ingreso mínimo vital

El objetivo de construir rápido un sistema estatal de rentas mínimas llevó a superar discrepancias.

La prestación llegará a 850.000 hogares y 2,3 millones de personas con un presupuesto de 3.000 millones de euro
La prestación llegará a 850.000 hogares y 2,3 millones de personas con un presupuesto de 3.000 millones de euro
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Es el mayor salto adelante del sistema de protección social español desde que en 2006 se puso en marcha el cuarto pilar del estado del bienestar: la dependencia. El Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado en el Consejo de Ministros del viernes, ve la luz de forma acelerada por la crisis desatada por la Covid-19. La prestación, que llegará a 850.000 hogares y 2,3 millones de personas con un presupuesto de 3.000 millones de euros, nace para paliar sus consecuencias sociales, pero también las de la Gran Recesión y la elevada pobreza crónica del país.

El camino hasta su aprobación ha sido rápido y accidentado. Tenían que encajar muchas piezas en el puzzle. Y lo han hecho.

El acuerdo de coalición del PSOE y Unidas Podemos recogía el compromiso de desarrollar la prestación en esta legislatura. Pero desde finales de marzo se aceleró. La premura se percibió a partir del 9 de abril. Ése fue el día en que la vicepresidencia de Pablo Iglesias informaba de que en una reunión en la que también participaron la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, y el de Inclusión, José Luis Escrivá, habían logrado el apoyo de sindicatos y ONG para poner en marcha un Ingreso Mínimo Puente.

Breve vida del ingreso puente

El Gobierno mantenía su promesa de construir una prestación permanente, pero ante las dificultades de su diseño -como su encaje con los sistemas autonómicos de garantías de ingresos- y la necesidad urgente de ayudas para los colectivos más vulnerables en esta crisis parecían aconsejar el diseño de una renta temporal.

El comunicado que informó de tal idea fue la causa de un choque del Gobierno con la CEOE: no sólo se sintió excluida de las negociaciones, sino que desconocía que estuvieran en marcha, al contrario de lo afirmado por Iglesias.

El ingreso puente decayó. Lo descartó Escrivá. Después, tras el Consejo de Ministros del 14 de abril, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó que el IMV sería permanente, tardaría "meses" en estar listo y que el responsable de su diseño era Escrivá. Esas declaraciones sentaron mal en el equipo de Iglesias.

Pero acto seguido, el vicepresidente se reunió con Pedro Sánchez, encuentro del que salió el plan de aprobar la medida en mayo y una cita para hacerla pública ese jueves, 16 de abril, en una rueda de prensa de Iglesias y Escrivá que no se celebró. El ministro de Inclusión declaró haberse enterado de todo por la prensa. Además, afirmó que aún quedaban flecos que impedían la presentación de la medida.

La reunión decisiva

Con todo, el acuerdo de Iglesias y Sánchez fue clave para adelantar el plan y evitó que Calviño y Montero pusieran más palos en las ruedas, interpretan desde Derechos Sociales. Aunque el equipo técnico que ha diseñado el IMV ha tenido que acatar el margen presupuestario que se puso a su disposición: 3.000 millones. Fuentes de Iglesias achacan la "espantada" de Escrivá a un pequeño ataque de celos porque estuviera excluido del acuerdo entre los dos líderes de la coalición. Más allá de eso, desde la vicepresidencia de Iglesias valoran que el titular de Inclusión ha sido un "gran aliado" para lograr que el IMV sea ya una realidad.

Desde Inclusión califican esos primeros episodios de «momentos de confusión» que se resolvieron cuando en Derechos Sociales se dieron cuenta de que iba a llevar el mismo tiempo diseñar un ingreso puente que el definitivo. Las tiranteces se superaron rápido. Disculpan a Montero porque los "meses" que transmitió que se iba a tardar en elaborar el IMV respondían al temor a generar falsas expectativas, a la vista de la dilación en la aplicación de las nuevas ayudas, como la de las empleadas de hogar. Pero desde ahí la colaboración con la vicepresidencia, especialmente con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se califica en Inclusión de "fabulosa".

Pero, realmente, que haya sido posible tener el IMV antes de acabar mayo se debe al inmenso trabajo de los técnicos que han cruzado datos de la Seguridad Social con los de Hacienda para tener calibrada la ayuda al milímetro.

Negociar con las autonomías

Y también ha contribuido a la rapidez del parto que las negociaciones con las comunidades hayan ido mejor de lo previsto. "Esperábamos algo más de resistencia", comentan en Inclusión.

Quizás una clave está en que el esfuerzo presupuestario irá a cargo de la Seguridad Social. Aunque ello puede implicar que las autonomías destinen a otros menesteres parte de los 1.500 millones al año que invierten en sus sistemas de rentas mínimas con 300.000 beneficiarios, porque la necesidad ya estaría cubierta por el Estado. Es un extremo que algunas regiones, como Andalucía o Valencia, desmienten. Y que los expertos desaconsejan, ya que creen necesarios complementos al IMV estatal. Así se plantea en Extremadura, por ejemplo: la renta autonómica allí se entiende ya como subsidiaria a la estatal.

Las negociaciones con las autonomías se desarrollaron en dos foros: las conferencias sectoriales, organizadas por la vicepresidencia de Iglesias, y las bilaterales, de las que el departamento de Escrivá era responsable.

Algunas comunidades no creen que el camino haya sido plácido. Desde Valencia se quejan de que las reuniones fueran casi sólo informativas, sin opción a hacer propuestas, como la que trasladan desde allí: que la gestión del IMV sea como la de la dependencia, es decir, que el Estado transfiera los fondos y las autonomías los gestionen según unos mínimos marcados por el Gobierno.

Un acuerdo así se ha alcanzado con País Vasco y Navarra, que gestionarán directamente la prestación. Desde Euskadi se exigió que el IMV fuera complementario y compatible con los sistemas autonómicos y que hubiera ventanilla única en la gestión de ambos -petición también valenciana, pero que por el momento parece que no se cumplirá para todas las comunidades-.

Andalucía manifiesta también quejas parecidas: "Está existiendo una importante falta de transparencia y seguridad jurídica por parte del Gobierno central en la puesta en marcha de esta prestación, tal y como hemos reclamado en las reuniones mantenidas con el Ejecutivo, del que sólo tenemos borradores en powerpoint». Además, desde misma autonomía manifiestan que el plan del Gobierno es "precipitado" y que requiere de modificaciones legales que llevarán tiempo.

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