El Gobierno pone en marcha una renta mínima estatal para las familias más vulnerables. El Ingreso Mínimo Vital, aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario, llegará a 850.000 hogares, lo que supone unos 2,3 millones de personas, y tendrá un coste anual de 3.000 millones. Este programa de garantía de ingresos mínimos, pensado como una ayuda hacia el mundo laboral y que ya existe en los demás países de la UE, debe ir acompañado por eficientes políticas activas de empleo y por un control ante posibles fraudes. La renta mínima y la activación del mercado de trabajo harán que los daños de la crisis del coronavirus sean menores que los previstos. 

El Ingreso Mínimo Vital era una de las medidas que el Gobierno tenía previsto sacar adelante en esta legislatura, pero la pandemia ha acelerado los plazos y, finalmente, ha visto la luz este mismo viernes. Y lo ha hecho con algunas novedades como la contradictoria cesión de su gestión al País Vasco y Navarra, por imposición del PNV. La esencia de este nuevo pilar en el Estado de bienestar es que los ciudadanos tengan asegurado un ingreso mínimo que les permita comprar aquellos bienes y servicios que les hagan sentirse dignos. El ejercicio de los ‘derechos de primera generación’ requiere que se protejan antes los ‘derechos de segunda generación’, los económicos y sociales.

El Ingreso Mínimo Vital debe ser un puente económico hacia el empleo, siempre que se pueda, y no su sustituto permanente como fuente de ingresos. Con este objetivo debe gestionarse. La complementariedad de la renta básica y de la creación de puestos de trabajo tiene que permitir que la economía se recupere más rápido de lo que se pronostica. La razón es que, a diferencia de una guerra, que termina con la riqueza (edificios, puentes, carreteras, vías ferroviarias) la covid-19 no ha destruido riqueza, solo renta.