La SD Huesca se muestra dispuesta a pasar a la ofensiva. Entiende el club azulgrana que su vinculación con la Operación Oikos le ha causado importantes perjuicios y por ello su intención es la de personarse como acusación particular en el proceso y actuar contra los investigados con cargos. A saber, el ya expresidente de la entidad, Agustín Lasaosa, el que fuera el jefe de los servicios médicos, Juan Carlos Galindo, los exjugadores azulgranas Íñigo López y Samu Saiz, el futbolista del Valladolid Borja Fernández, y los considerados como cabecillas de la presunta trama de amaño de partidos, Raúl Bravo y Carlos Aranda. Su objetivo es solicitarles un resarcimiento por daños y perjuicios, además de la imputación penal.

La acción, que en el seno de la entidad se lleva masticando desde semanas atrás, necesita de un paso previo necesario, el sobreseimiento de su causa como persona jurídica en la que se encuentra en base al artículo 31 bis del Código Penal, que establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por, entre otros, sus representantes legales o aquellos que ostentan facultades de organización y control de la misma. El convencimiento de que esto será así es fuerte y se ve posible que incluso ocurra esta semana. Para ello, primero se espera a que el magistrado Ángel de Pedro, titular del juzgado de instrucción número 5 de Huesca, que todavía no ha realizado ninguna imputación sobre el club, lo cite para declarar, algo a lo que se está dispuesto y que de hecho ya se solicitó hacer de forma voluntaria el pasado 31 de mayo y ahora se reiterará. El encargado de representar al Huesca en este caso sería o bien el consejero delegado Manuel Torres o bien el director general Josete Ortas. Lo que allí se pueda atestiguar, unido a las pruebas que se piensan presentar, se estima que pueda ser suficiente. Al igual que la declaración voluntaria, la SD Huesca también solicitó el 31 de mayo el sobreseimiento libre.

Entonces se decidió dar ese paso tras las declaraciones del fiscal jefe de Huesca, Juan Baratech, que, una vez tomada declaración a los detenidos, el día anterior había afirmado que “el club podría ser incluso un perjudicado con lo que su situación procesal podría cambiar a la de una acusación particular ya que si hay un perjudicado directo, el primero de ellos es la SD Huesca”.

Sin embargo, el juez desestimó la petición al considerarla precipitada y emplazó al levantamiento del secreto del sumario para que, una vez que se tuviese conocimiento de lo actuado y fuese, en su caso oída, volver a tratar el tema.