La jueza acepta la petición del Real Zaragoza de suspender el tercer pago del concurso de acreedores, de 2,4 millones

Alivio superlativo para la economía del Real Zaragoza y, por ende, para su margen de maniobra financiero a partir de ya mismo. La jueza del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza, María Carmen Villellas Sancho, quien gestiona el concurso de acreedores del Real Zaragoza desde hace una década, ha estimado el recurso presentado por la SAD aragonesa el pasado mes de julio en el que solicitó la suspensión del pago del tercer plazo del concurso de acreedores, que vencía en estas fechas del verano de 2020 y que asciende a 2,4 millones de euros. 

La jueza ha atendido las razones del Real Zaragoza y ha decidido, tal y como propuso el propio club zaragozano en su petición a modo de alternativa, que esa cantidad dineraria se prorratee y se añada a los diferentes plazos que restan hasta consumar el pago completo de la deuda, cuotas que el club blanquillo deberá pagar los meses de julio de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, es decir, en las próximas cinco anualidades.

La SAD zaragozana solicitó el pasado 20 de julio este aplazamiento alegando el grave e irresoluble perjuicio que le generó la situación derivada tras la pandemia de covid-19, el confinamiento, el estado de alarma y el colapso de la normalidad. El plan previsto en la contabilidad del Real Zaragoza, conocido y reseñado en su día tanto a las autoridades judiciales, como al ente que rige el fútbol profesional español (La Liga) y a los propios acreedores, se vio truncado de raíz al paralizarse de raíz la vida a mitad de marzo. 

La entidad zaragocista vio cercenadas diferentes vías de ingresos, todos cruciales para hacer frente a sus obligaciones concursales y de otras índoles, por lo que esa modificación del día a día acabó siendo irreversiblemente perjudicial para poder afrontar sus compromisos. Las dos principales fuentes de dinero que se vieron cerradas sin remedio en las arcas del Real Zaragoza fueron las relativas a la imposibilidad de que hubiese público en las gradas en los últimos 11 partidos de liga (6 jugados en La Romareda) y a la repercusión sobre la SAD zaragocista de las pérdidas globales sufridas por La liga, estimadas en alrededor de 400 millones de euros por las disfunciones en publicidad, televisión y demás fuentes de financiación de la patronal del fútbol español. 

El Real Zaragoza, en su solicitud formal al Juzgado de lo Mercantil número 2, cifró en "más de 4 millones de euros los efectos de la pérdida de ingresos tras el estallido de la covid-19", unos recursos desvanecidos inesperadamente que, según subrayó la SAD en su argumentario, estaban reflejados "según las estimaciones indicadas por La Liga".

Con esta decisión judicial, la SAD puede afrontar la nueva temporada 20-21, que también va a dar comienzo de inmediato en las mismas condiciones de extrema dificultad financiera con las que se concluyó extraordinariamente la pasada liga (sin público en las tribunas), con cierto oxígeno en sus tensiones de caja.