Supuestos amaños de partidos ponen al fútbol español en el ojo del huracán

El fútbol español profesional, un espectáculo de masas que trasciende lo deportivo para convertirse en un fenómeno de dimensión política, económica y social de primer orden, ha mostrado este año una de sus caras más sórdidas, los amaños de encuentros con fines espurios en los que se mezcla la ambición con el interés o la simple codicia.

De estas alcantarillas salió la Operación Oikos, activada el pasado mes de octubre en Huesca en medio de una gran expectación mediática y aún en marcha, tras numerosas detenciones de directivos, técnicos y jugadores implicados en presuntos delitos de corrupción deportiva y blanqueo de capitales.

Pero antes de iniciarse este procedimiento, el Real Zaragoza y el Levante estaban inmersos en una causa judicial por el supuesto amaño de un partido en 2011 crucial para que el equipo aragonés se mantuviera en la Primera División del fútbol español.

Una causa judicial, la primera celebrada en el país por corrupción deportiva, que sentó este mes en el banquillo de un juzgado de lo penal de Valencia a 36 jugadores que formaban parte esa temporada de las plantillas de ambos equipos, así como a cinco directivos del club aragonés, entre ellos Agapito Iglesias, expresidente y expropietario del club.

Sin embargo, el magistrado, tras analizar todas las pruebas presentadas por los investigadores, decidió hace unos días absolver a los jugadores imputados y condenar tan solo a Agapito Iglesias y al exdirector financiero del equipo, Javier Porquera, pero no por corrupción deportiva, sino por falsedad documental.

En opinión de este juez, hubo una alteración en las nóminas de los jugadores del Zaragoza para ocultar el destino de 1,7 millones de euros, pero no pudo probarse durante la vista que el partido estuviera amañado y que dicho dinero llegara a los bolsillos de la plantilla del Valladolid.

Esta sentencia absolutoria se ha dado a conocer mientras el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca continúa con las pesquisas para verificar otro supuesto amaño, el partido disputado entre el Huesca y el Nástic de Tarragona el 27 de mayo de 2018, cuando el equipo oscense estaba matemáticamente ascendido y el catalán luchaba por evitar el descenso.

En este caso, los investigadores consideran que la motivación esencial de todos los detenidos e investigados, jugadores, exfubolistas, directivos y técnicos, fue la codicia, un enriquecimiento ilícito a base de apuestas sobre partidos supuestamente amañados de las tres primeras divisiones del fútbol español.

Los inusuales movimientos desde casas de apuestas situadas en remotos puntos del mundo en torno al partido del Huesca contra un Nástic en caída libre, más de 1,2 millones de euros a favor del equipo catalán, diez más que las habituales para un partido de Segunda División, dispararon las alarmas.

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) interpuso una denuncia en la fiscalía de Huesca tras detectar que las supuestas maquinaciones para amañar el partido procedían de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el club oscense.

Esta denuncia motivó la apertura de una investigación por parte de la UDEF que desembocó, el pasado 28 de mayo, en una espectacular operación policial con seis detenidos y numerosos registros, entre otros el de las oficinas del Huesca con su expresidente Agustín Lasaosa bajo arresto, todo retransmitido en directo a todo el país por los medios de comunicación.

Entre los detenidos, los exjugadores Raúl Bravo y Carlos Aranda, considerados por los investigadores como cabecillas de la supuesta organización criminal, el exjefe médico del club oscense Juan Carlos Galindo, el jugador del Deportivo Íñigo López y el exjugador del Valladolid Borja Fernández, una nómina ampliada un mes y medio después con los futbolistas Samu Díaz, Carlos Martín Briones y Borja Gómez como investigados.

Todas las pesquisas policiales, basadas en whatsapps, documentación intervenida a Lasaosa y escuchas telefónicas, fundamentan unas imputaciones que se han ampliado esta semana, con una pieza separada del sumario, que ha puesto bajo sospecha el partido entre el Reus y el Valladolid.

Según los investigadores, desde el Huesca se pagó 250.000 euros a los jugadores del Reus para que ganaran, como así fue, al Valladolid, lo que dejó el camino expedito al club oscense para jugar los 'play off' de ascenso.

Sin embargo, a pesar de las numerosas pesquisas realizadas, la opinión de los letrados de los detenidos, todos en libertad con cargos (algunos también con fianza) es que las sospechas que han motivado la causa judicial no sólo son "endebles" sino que se fundamentan en equívocos y malentendidos por parte de los agentes de la UDEF.

Incluso uno de los letrados, Juan Pablo Lerena, representante legal de Íñigo López, dirigió recientemente una carta al juez encargado del caso para expresar su malestar por la forma en la que se habían practicado las detenciones, al parecer sin una orden judicial previa, y la manera de actuar de la UDEF.