La Audiencia confirma la condena al exedil de Magallón que acusó al exalcalde Chueca de maltratador

El exconcejal debe indemnizar a Víctor Manuel Chueca con 2.500 € y pagar las costas del proceso por intromisión ilegítima en el derecho al honor.

El exalcalde Víctor Manuel Chueca, en el centro, y Alberto Bona, a su izquierda.
El exalcalde Víctor Manuel Chueca, en el centro, y Alberto Bona, a su izquierda.
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La Audiencia de Zaragoza acaba de confirmar en su integridad la sentencia por la que la jueza de Primera Instancia número 19 condenó al exconcejal del Ayuntamiento de Magallón Alberto Bona Gil (PSOE) por acusar de maltratador al también socialista Víctor Manuel Chueca cuando ejercía como alcalde del municipio. La magistrada impuso al exedil la obligación de indemnizar al ahora exregidor con 2.500 euros y correr con las costas del proceso por intromisión ilegítima en el derecho al honor. Y lo hizo por entender que el demandado difundió por el pueblo falsas acusaciones que lesionaron la dignidad y menoscabaron la fama de Chueca.

No conforme con la resolución, Alberto Bona recurrió el fallo alegando una errónea valoración de la prueba. Afirmaba que él no había inventado ni generado los rumores y que tampoco había atribuido los hechos, “sino que se limitó a comentarlos o trasladarlos al demandante, cargo público, y en un ámbito privado”. Pero no lo entiende así la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, para la que la condena era perfectamente válida.

El tribunal explica que el fallo condenatorio se basó exclusivamente en una reunión celebrada el 23 de marzo de 2022. “Dicha reunión tuvo lugar en el Ayuntamiento, y aunque no fue convocada formalmente, sí estuvo presente la secretaria de la Corporación”, apunta. Puntualiza además que el testimonio de la funcionaria fue precisamente el “fundamento” de la estimación de la demanda. Porque según declaró la testigo, el exconcejal Alberto Bona manifestó aquel día que “le había dicho una persona que él conocía y que le merecía credibilidad que había maltratado a su mujer”.

A la hora de desestimar el recurso, la Audiencia recuerda que la libertad de expresión transmite juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo. “Para cuyo legítimo ejercicio es requisito que concurra una base fáctica suficiente sobre el que apoyar la opinión propia”, precisa. Y los magistrados no creen que en este caso se diera tal requisito.

“Los hechos atribuidos (maltrato) suponen imputar conductas punibles, lo que merece un reproche social, hace desmerecer a la persona y supone un descrédito en la consideración ajena”, apunta el fallo. Para concluir después que, a lo largo del proceso, no se han conocido razones que impidan considerar la atribución hecha al exalcalde “gratuita y carente de fundamento”.

Crisis política en Magallón

Cabe recordar que, a raíz de estas murmuraciones, se desató una crisis política en Magallón que culminó en el pleno del 19 de abril de 2022 con la dimisión de cinco concejales. Posteriormente, renunciarían a su cargo dos más. En declaraciones a este diario, algunos de estos ediles atribuyeron su decisión a razones políticas por "discrepancias" con Chueca sobre la forma de gobernar el municipio y por no contar con ellos para tomar las decisiones.

Sin embargo, el exalcalde, al que defiende el letrado José Palacín, achacó las dimisiones a las "insinuaciones" que ya corrían por el pueblo de que era un maltratador y a las que dieron "credibilidad minando su imagen y su nombre". En aquellas fechas, Chueca buzoneó un escrito a todos los vecinos en el que defendía su labor tras veinte años en el cargo y negaba las acusaciones sin llegarlas a concretar. El alcalde continuó gobernando el municipio junto con un grupo de asesores que nombró para hacerse cargo de las concejalías. Pero, a la postre, la crisis desatada tras esos acontecimientos le costó las elecciones y el 28 de mayo de 2023 ganó la alcaldía Aire Nuevo Magallón, con cinco concejales, y el PSOE se fue a la oposición con cuatro, uno de ellos Chueca.

La Fiscalía archiva la denuncia contra Chueca

Pero la vida política de Magallón y del exalcalde se verían de nuevo alteradas en diciembre pasado, cuando el nuevo regidor, Esteban Lagota, los cuatro concejales de su partido y la interventora del Ayuntamiento comunicaron a la Fiscalía Provincial de Zaragoza una supuesta serie de irregularidades cometidas por Chueca durante sus mandatos. En el escrito mencionaban desde gastos indebidos de teléfonos, hasta el hallazgo de archivos pornográficos en el ordenador de Alcaldía.

Sin embargo, como informó a comienzo de mayo HERALDO, esa denuncia ha acabado archivada sin llegar siquiera a los juzgados. Ello hizo que el exregidor solicitara al PSOE Zaragoza que levantara la suspensión de militancia que decretó cuando se conoció la denuncia: “El partido hizo lo correcto entonces y aplicó el código de suspender al militante cuando hay una investigación. Ahora he pedido la admisión”, señaló entonces.

En declaraciones a este diario, Chueca confirmó este sábado que el pasado día 13 recibió una resolución comunicándole su readmisión en el PSOE, formación que le restituye en sus cargos en la ejecutiva provincial y la agrupación socialista de Magallón. “Los dirigentes provinciales me han llamado para transmitirme todo su apoyo”, indicó. El exalcalde calificó de “circo político” lo sucedido. “Solo hay una forma de definir la actitud del señor Bona en este proceso: envidia y mediocridad”, dijo, exigiéndole que asuma y acate ahora la sentencia condenatoria. Para Chueca, la demanda del exconcejal fue la “semilla” de un descrédito “miserable” que terminó llevándole a la oposición.

Durante el tiempo que la Fiscalía estuvo investigando la denuncia, Víctor Manuel Chueca recibió una sentencia en contra del Juzgado de lo Social número 8 de Zaragoza que lo condenaba por acoso laboral a la directora de la residencia de la tercera edad, a la que acabó cesando a comienzos del pasado verano. La sentencia consideró que el despido de la demandante fue nulo, por lo que obligó al Ayuntamiento a readmitirla y fijó una indemnización de 10.000 euros y el importe de las nóminas que no cobró desde que fue apartada de sus funciones.

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