La Justicia da la razón al PP y obliga a la DPZ a convocar un pleno sobre el exalcalde de Magallón
Una sentencia resuelve que el presidente Sánchez Quero se extralimitó al negar la petición y vulneró el derecho fundamental de participación.
El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, se ha llevado un severo revés en los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Zaragoza acaba de dar la razón al grupo del PP y obliga al dirigente socialista a convocar un pleno extraordinario para reprobar al exalcalde de Magallón, Víctor Manuel Chueca. La sentencia, que se puede recurrir, concluye que Sánchez Quero se "extralimitó en sus funciones" al denegar la convocatoria y con ello "incurrió en una vulneración del derecho a la participación pública" por parte de la oposición.
Los populares solicitaron el pleno, acogiéndose al derecho que le asiste por el reglamento de la institución, tras hacerse público a finales del año pasado que el equipo municipal de Magallón, Aire Nuevo Magallón, había trasladado a la Fiscalía graves acusaciones contra el exregidor socialista. Todas estaban relacionadas con su gestión, pero las diligencias se han archivado al no apreciarse ningún indicio de delito.
La sentencia coincide con el criterio de la Fiscalía que, en un informe remitido a la causa, consideró que la negativa de Sánchez Quero a convocar el pleno suponía "una vulneración de los derechos fundamentales, concretamente el derecho a la participación pública recogido en el artículo 23 de la Constitución".
La magistrada Cristina López alude a la abundante jurisprudencia sobre la cuestión y concluye que la convocatoria de las sesiones extraordinaria de pleno "ha de considerarse una facultad reglada del presidente, que habrá de convocar si se cumplen los requisitos formales de la solicitud". Por tanto, añade que a Sánchez Quero "no le corresponde realizar valoración alguna, sino limitarse a verificar la concurrencia de los requisitos formales de la solicitud".
El fallo detalla que sí se cumplían, dado que el reglamento de la institución provincial establece que debe convocarse la sesión extraordinaria cuando lo solicita al menos una cuarte parte de los diputados. Y los diputados del PP son 11 de una corporación de 27.
El portavoz adjunto del PP en la DPZ, Pablo Blanquet, llevó la negativa a los tribunales al entender que se "obstaculizaba" la labor de la oposición. El grupo también recurrió entonces la convocatoria del pleno de presupuestos sin disponer de la documentación con las 48 horas previas. En este caso, está pendiente del fallo.
Blanquet ha subrayado este martes que es "inédito" que a una institución aragonesa se le condene por "cercenar" a la oposición el derecho fundamental de participación. "La Justicia nos da la razón frente a los intentos de Sánchez Quero de tapar el acoso laboral realizado por su amigo el exalcalde de Magallón", ha dicho.
El diputado provincial y alcalde de Pina se refiere a la condena a Chueca en la vía Social por acoso laboral a la directora de la residencia de ancianos de Magallón, que se sustanció a finales del año pasado. "Exigimos que Quero explique por qué mantuvo como alcalde y premió como diputado provincial a una persona denunciada por acoso laboral", ha añadido.
No obstante, la petición del pleno se cursó y justificó por parte del PP por la denuncia contra Chueca ahora archivada "con motivo del hallazgo de imágenes y vídeos con contenido sexual, además de imágenes presuntamente realizadas al descuido de empleadas y vecinas del municipio, en un ordenador de propiedad municipal". También se alegaron «hechos realizados durante los últimos años por el exalcalde de Magallón ya sentenciados».
La DPZ analiza si recurrirá
Fuentes oficiales de la DPZ han señalado que los servicios jurídicos analizan si se recurre el fallo. En este sentido, recordaron que la decisión de Sánchez Quero vino avalada por un informe del secretario general, que estimó que convocar un pleno sobre la gestión de un exalcalde de Magallón está al margen de cuestiones del interés de la provincia y fuera de las competencias de la Diputación "y también puede afectar al derecho de presunción de inocencia".
