Zaragoza
Condenados dos constructores a un año y medio de prisión por no acabar un unifamiliar en Montecanal
La Audiencia de Zaragoza los considera autores de un delito de apropiación indebida y absuelve al arquitecto del proyecto, que también estaba acusado.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a Juan Carlos S. y Jesús Ángel S. a un año y medio de cárcel por un delito de apropiación indebida. Como máximos responsables de la constructora Omnium Hogares de Aragón ambos estaban acusados de haber paralizado la edificación de un unifamiliar en Montecanal alegando una supuesta falta de pagos. En la sentencia, aunque el tribunal reconoce que en el proceder de los dos hermanos hay actuaciones punibles, el castigo impuesto es sensiblemente inferior al propuesto por la Fiscalía y la acusación particular, que solicitaban cinco años de prisión. También pedían una indemnización para el propietario de la vivienda de 64.376 euros que ha sido fijada finalmente en tan solo 2.923. El arquitecto del proyecto, al que la Fiscalía atribuía un delito de falsedad de certificados y la acusación particular consideraba cooperador necesario, ha sido absuelto.
Durante un año, la obra aparentemente marchó según lo previsto. Los progresos eran visibles y así se reflejaban en las certificaciones que el arquitecto emitió. En noviembre de 2019 todo se torció. Sobre el papel, el unifamiliar estaba completado al 94%. Sin embargo, lo que se podía observar en el solar era muy distinto. No se habían puesto ni las ventanas. Poco después, los trabajos se frenaron por completo. La constructora expuso en ese momento que cerraba por vacaciones al no haber parado en verano. En enero, a través de un burofax, anunció al comprador que abandonaba el proyecto.
El unifamilar formaba parte de una promoción de cinco viviendas. Para su construcción, en mayo de 2018 la familia afectada firmó con Omnium Hogares de Aragón un contrato de ejecución de obra de 301.862 euros que incluía en el precio, además de la construcción, los gastos derivados de otras gestiones paralelas como las licencias o los honorarios del arquitecto y el aparejador.
Como se había estipulado, los compradores abonaron 183.973 euros hasta diciembre de 2018 y dejaron pendientes 117.889. Esta cantidad debía satisfacerse a la par que la ejecución de la obra y atendiendo a las certificaciones que el arquitecto periódicamente presentaba.
Las discrepancias con el nivel de ejecución en la última hicieron que el comprador no ingresase de forma completa ese plazo. Faltaban elementos como las ventanas o el aparato de aerotermia. De hecho los informes periciales rebajaron el nivel de ejecución del 94% al 63%. Para concluir la casa, el denunciante tuvo que recurrir a terceros e invertir 100.000 euros más.
Durante el juicio oral se cuestionaron las tres últimas certificaciones del arquitecto. Este admitió que para emitirlas se fío de la marcha de las otras cuatro casas de la promoción y de lo que los trabajadores le decían sobre las próximas y prontas obras que iban a llevar a cabo. El tribunal no ve ahí delito, sino una actuación que califica de “descuidada” y por eso lo absuelve.
