sucesos
Dos constructores y un arquitecto, en el banquillo por una presunta estafa en una obra en Montecanal
Las obras de una promoción de unifamiliares se paralizaron alegando falta de pagos después de una última certificación que manifestaba que los trabajos se encontraban al 94% cuando después se han estimado en el 63%.
Sin ventanas, sin la instalación eléctrica completada, sin la depuradora de la piscina, sin la máquina de aerotermia instalada, con los acabados de la fachada y del aparcamiento inconclusos... Lo que hasta noviembre de 2019 y durante un año aparentaba ser una obra en la que se estaban cumpliendo los plazos y que pronto pasaría ser el hogar de una familia ha acabado en los tribunales.
Los afectados habían firmado un contrato de 301.000 euros para tener su casa dentro de una promoción de cinco viviendas en el barrio de Montecanal. Pero los dos responsables de la constructora y el arquitecto encargado del proyecto no cumplieron, presuntamente, y este viernes han sido juzgados en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
El proyecto se había iniciado en 2018 y estaba previsto que se pudiese completar en un año. El arquitecto, A. O. M., periódicamente fue trasladando una serie de certificaciones en las que iba dando parte de los progresos y que servían para que la entidad bancaria en la que el futuro propietario había suscrito la hipoteca fuese liberando los correspondientes pagos.
La última la expidió el 12 de noviembre de 2019 y en ella afirmó que las actuaciones se encontraban al 94%. Poco después, se dejó de trabajar en el terreni alegándose desde la constructora, Omnium Hogares de Aragón S.L., que cerraba por vacaciones al no haber parado en verano. El 7 de enero, según manifestó en su declaración el comprador, recibió un burofax en el que se le anunció que se daba por finalizada la obra por falta de pagos.
Al respecto, el denunciante alegó que no había satisfecho al completo el último pago al entender que la obra no estaba lo suficientemente avanzada como para dejarla abonada del todo. Finalmente, y para poder completarla, tuvo que recurrir a terceros, lo que le implicó invertir 100.000 euros más para terminar los trabajo un año después de lo esperado y que, lejos del 94% que se había certificado, se estimó el progreso de la edificación en un 63%.
Durante el juicio, los constructores J. C. S. y J. A. S. tan solo respondieron a su abogado y fue para no ratificar sus anteriores declaraciones. Sí que lo hizo el arquitecto, quien manifestó que también él tenía unos pagos pendientes de cobrar por parte de la constructora de cerca de 2.000 euros. Además, indicó que la obra se desarrolló con total normalidad hasta noviembre de 2019 sin que hubiese habido problemas de suministro. Añadió que para él la promotora y constructora siempre habían sido Omnium Hogares de Aragón y que hasta una reunión que mantuvo con ellos por la paralización de las obras desconocía que los unifamiliares ya tuviesen propietarios.
Ante el hecho de que, a pesar de que el 12 de noviembre certificó que las ventanas estaban instaladas, éstas realmente no lo estaban. La razón, comentó, es que dado que en las otras cuatro viviendas sí estaban colocadas confío en que ponerlas en la que faltaba era "cuestión de horas".
No fue así. Según expuso la responsable de la empresa de carpintería de aluminio contratada para tal menester, al comprobar que no le había sido abonada la instalación de la anterior casa en la que había actuado, y aunque contaba con el material, optó por no ponerlas. No confiaba en cobrar todo el trabajo.
El hecho de que su vivienda no contase con las ventanas y que por lo tanto fuese vulnerable a que cualquiera pudiese entrar y causar desperfectos hizo que el comprador contactase con la carpintería y pagase por su cuenta la instalación.
Posteriormente y cuando el denunciante ya había decidido terminar la obra en solitario, todos los informes presentados -desde un perito, hasta la arquitecta y el tasador- coincidieron en que el grado de acabado era de alrededor del 63%. Uno de los abogados defensores subrayó dicha coincidencia con cierta ironía.
La Fiscalía solicita para los constructores cinco años de prisión por apropiación indebida y un año de multa para el arquitecto por falsedad de certificado. Por su parte, la acusación particular, a cargo del abogado Ignacio Buil, pide para los primeros la misma pena y eleva la del segundo a tres años por apropiación indebida como cooperador necesario. En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía la fija en 62.000 euros y la acusación par
