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Absuelven a una anciana cuyo único delito fue cuidar 17 años de una incapacitada abandonada por su familia
Los herederos de la fallecida, dos primos que no quisieron asumir su tutela ni fueron al funeral, pedían 4 años de cárcel para la acusada y le exigían casi 80.000 euros.
Una herencia puede llegar a romper una familia. Pero el precio puede ser incluso más alto. De hecho, el legado de una incapacitada ha podido llevar a la cárcel a una zaragozana cumplidos los 80 años. Pilar, nombre ficticio de la octogenaria, no tenía lazos de sangre con la fallecida, de nombre Elisa, pero cuidó desinteresadamente de ella y llegó a asumir su tutela legal en 2002, después de que los médicos le diagnosticaran una esquizofrenia y ningún familiar quisiera hacerse cargo de ella.
Cuando murió Elisa, la acusada no heredó absolutamente nada. Sí lo hicieron dos primos de la incapacitada, que pese a no haber llamado nunca a preguntar por ella ni haber acudido siquiera a su funeral recibieron casi 80.000 euros en efectivo y varias fincas. No conformes con ello, decidieron querellarse contra la persona que se desvivió por Elisa, a la que acusaron de saquear su cuenta corriente y para la que pidieron cuatro años de cárcel.
La Audiencia de Zaragoza acaba de dictar sentencia. Y no solo absuelve a Pilar, sino que de alguna manera cuestiona la forma de proceder de los querellantes, a los que reprocha que basaran su acusación “en meras suposiciones y especulaciones, sin aporte serio de una prueba de cargo válida y suficiente”. La sentencia de la Sección Sexta recuerda que la acusada y su marido “fueron los únicos que se preocuparon por Elisa”, a la que tanto ellos como sus hijas trataron siempre como “una más de la familia”. Y lo hicieron por una simple razón de afecto y cariño, ya que esta mujer era sobrina de los padrinos del esposo de Pilar. Según el tribunal, la fallecida nunca tuvo un vínculo así con los querellantes, “que no se hicieron presentes en el juzgado en el proceso de incapacitación, que nunca se pusieron en contacto con Elisa ni con Pilar, y ni siquiera la acusación particular ha querido traer al juicio para oír sus testimonios”.
Una "pírrica" cantidad
Los magistrados aseguran haber llegado a la “plena convicción” de que la acusada no cometió el delito de apropiación indebida que los herederos de la incapacitada le atribuían. Porque cabe recordar que la Fiscalía nunca llegó a acusar a la octogenaria, ya que no albergaba ninguna sospecha sobre su comportamiento. A la hora de dictar sentencia, el tribunal parte de un hecho: resulta “inconcebible” que con la “pírrica” suma de 1.679 euros se pudieran cubrir todos los gastos y servicios que precisó Elisa durante los 17 años que estuvo bajo lo tutela de Pilar. Y ¿por qué dice esto? Porque cuando los herederos interpusieron su querella indicaron que entre 2002, cuando la acusada asumió la tutela, y 2018, año en que falleció la incapacitada, se habían retirado de su cuenta 81.381 euros. De los cuales, según estos, 79.701 eran gastos injustificados.
Los magistrados recuerdan que en marzo de 2001, cuando tenía 78 años, Elisa ingresó por orden judicial en la unidad de Psiquiatría del Hospital Provincial con “un importante deterioro cognoscitivo y funcional, en gran medida irrecuperable”. Fueron la propia Pilar y su marido quienes, preocupados por ella, denunciaron la situación de precariedad en la que vivía Elisa, quien llevaba años en casa de su hermano, también soltero, en un piso de Zaragoza.
Cuando recibió el alta médica, dos meses después, la mujer logró una plaza en la Casa Amparo, donde pasó el resto de sus días. Siempre bajo los cuidados y atenciones de Pilar y su marido, que, como recuerda la sentencia, “eran las únicas personas que la visitaban en la residencia, velando por sus intereses y prestando los cuidados que no podían ser atendidos por el personal del centro”.
Cuando en el año 2014 el estado de salud de Elisa empeoró, la acusada contrató a cuidadoras para que nunca le faltara compañía: en el hospital, durante las 24 horas; en la residencia, desde la hora de la comida hasta la cena. “Yo nunca me quedé ningún dinero, me lo prohíbe mi religión. Todo fue para ella”, aseguró Pilar en el juicio, recordando que, por su condición de tutora legal, daba cuentas de todos los gastos de Elisa ante un juez. Y así lo entiende la Audiencia Provincial, que también afea a los querellantes que cuestionaran la forma en que dicho juez y la Fiscalía controlaban la situación económica de la incapacitada.
La abogada María José Peralta, abogada de la acusada, defendió siempre con vehemencia su inocencia. De ahí que ahora se muestre “feliz y satisfecha” con la sentencia, contra la que todavía cabría recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
