Un juez de Zaragoza investiga si un jefe de la Policía mintió para echar a un subordinado
El investigado es un mando intermedio, pero el magistrado ha citado también a declarar como testigos a varios altos cargos de la Jefatura Superior.
El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza acaba de citar a un jefe intermedio de la Policía Nacional en Zaragoza para tomarle declaración en calidad de investigado por un delito de falsedad documental. Y lo hace para aclarar si este funcionario, con categoría de inspector, mintió deliberadamente a la hora redactar un informe con el objetivo de perjudicar a un subordinado. Este último fue acusado de abandono de su trabajo: en concreto, de marcharse de los calabozos de la comisaría de Delicias sin esperar a que llegara el relevo, lo que suponía dejar a los detenidos sin vigilancia. Se trata de una falta disciplinaria muy grave que puede acarrear un severo castigo: desde el traslado forzoso hasta seis años de suspensión de empleo y sueldo. De ahí la importancia del caso.
Según ha podido saber HERALDO, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la comisaría y la declaración de varios funcionarios policiales permitieron aclarar lo sucedido y el expediente disciplinario acabó archivado. Sin embargo, el expedientado se considera gravemente perjudicado -lleva varias semanas de baja psicológica- y sospecha de la actitud del inspector, contra el que decidió interponer una denuncia penal. El juez la consideró suficientemente argumentada como para admitirla a trámite y ha citado ya al encausado para que se explique, ya que los cargos son graves y pueden acarrear pena de prisión. No será el único que tenga que comparecer en el juzgado, ya que también han sido convocados como testigos otros diez miembros de la Jefatura Superior de Aragón, entre ellos dos altos mandos: el jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y el comisario provincial.
Los hechos que han dado lugar a esta causa se remontan a la tarde del 8 de septiembre del pasado 2023, cuando el expedientado prestaba servicio junto a otro compañero en los calabozos de Delicias en turno de tarde. Ambos funcionarios tienen autorizada la reducción de jornada por conciliación familiar. Y según el informe que dio lugar al expediente interno, los dos se marcharon antes de que a las 19.55 llegaran sus compañeros para hacer el relevo. “Resulta curioso que únicamente se abriera expediente disciplinario contra él, teniendo en cuenta, además, que su compañero tenía fijado un horario de salida de media hora más tarde”, dice la denuncia presentada por el abogado Fernando Rodríguez Burgués, en nombre del expedientado.
El jefe investigado acusó también al subordinado de comunicar aquel día su hora de salida “de forma fraudulenta” a la central del 091, lo que según el autor del informe obligó a retirar de la calle a una patrulla para que se encargara del relevo. “Teniendo que finalizar de manera prematura las gestiones realizadas en una actuación por hurto”, indicaba el inspector ahora encausado, jefe de turno del Servicio de Atención Ciudadana (SAC).
Las cámaras de seguridad, prueba clave
El procedimiento disciplinario contra este funcionario se resolvió el 26 de septiembre con una propuesta de archivo. Tras una serie de pesquisas internas, la instructora del expediente recordaba que el día de los hechos el funcionario expedientado estuvo de servicio en los calabozos “desde las 13.00 a las 20.00 ininterrumpidamente”. Según esta, las cámaras de seguridad grabaron el momento del relevo de turnos conforme al protocolo, por lo que no hubo abandono de trabajo.
Reconoce también la encargada de redactar la propuesta de archivo que aquel 8 de septiembre “había una gran afluencia de servicios” y los compañeros que fueron a hacer el relevo tuvieron que finalizar la intervención de hurto “sin poder hacer más gestiones”. “Pero eso no significa que el relevo se hiciera antes de lo necesario, ni que se hiciera de forma fraudulenta”, apunta. En este sentido, recuerda que no fue el expedientado quien comunicó su hora de salida a la sala del 091, como mantuvo el superior ahora investigado por el juez. Quien lo hizo, dice, fue el subinspector responsable del Grupo de Protecciones y Custodias.
