tribunales
Ponen en busca y captura a un acusado de violación a una mujer con discapacidad mental
El acusado, que sabía de su condición, accedió a alojarla en su casa y en la segunda noche, según la Fiscalía, la forzó a mantener relaciones sexuales.
Se conocieron en 2019 y durante unos meses mantuvieron una relación sentimental que no se llegó a consolidar. Dos años después, sin embargo, ella le llamó para pedir que la alojase en su domicilio. Aquella misma noche mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Él quiso repetirlas al día siguiente y, según mantiene la Fiscalía, la negativa con la que se encontró no le frenó.
El juicio contra Y. K. debería de haberse celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Sin embargo, el acusado no se presentó, motivo por el que el tribunal de la Sección Primera ha dictado una orden de búsqueda e ingreso en prisión para garantizarse su comparecencia cuando se fije la fecha del nuevo juicio.
A Y. K. se le acusa de un delito de agresión sexual con acceso carnal con la agravante de haber abusado de la vulnerabilidad o situación mental de la víctima, que cuenta con una discapacidad del 47% por un trastorno esquizofrénico. Le fue reconocida el 27 de abril de 2021 y se encuentra bajo curatela del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. La mujer necesita de apoyo tanto para el seguimiento y control de la medicación que toma como para la administración de su patrimonio. Y. K era conocedor de su discapacidad, de que seguía una pauta de medicamentos y de que había requerido de diversos ingresos psiquiátricos.
Según la acusación, el 19 de noviembre de 2021 accedió a la petición que ella le había hecho de alojarse en su domicilio por unos problemas que tenía en el piso tutelado en el que estaba residiendo. Tras una primera noche de relaciones consentidas, al día siguiente ella no se mostró dispuesta en ninguno de los dos intentos que Y. K realizó. En ambos, hubo penetración.
La pena a la que se enfrenta Y. K. es de ocho años de prisión con prohibición de acercarse o comunicarse a ella durante diez años. También a diez años de libertad vigilada y a la inhabilitación por diez años para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto con menores. Además, del pago de dos mil euros en concepto de responsabilidad civil. La Fiscalía propone la ejecución de un tercio de la pena en España y la sustitución del resto por la expulsión de España con la prohibición de regresar en diez años.
