Aprobadas las compensaciones a la concesionaria del bus urbano de Calatayud
La empresa seguirá prestando el servicio de forma prorrogada y el Ayuntamiento todavía no ha redactado los nuevos pliegos del contrato
La empresa gestora del autobús urbano de Calatayud, la bilbilitana Hermanos Martínez (Hermasa), recibirá finalmente las compensaciones derivadas del déficit de este servicio municipal en los últimos tres años. Así lo ha acordado el pleno del Ayuntamiento de este jueves, dando luz verde al abono de 15.000 euros correspondientes al ejercicio 2022, por unanimidad, y otros 42.219 euros para sufragar el restablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato, esto último con diferencias de criterio. Dicho documento, aprobado en 2013 y con una vigencia de una década sujeta a posibles prórrogas, todavía no tiene redactados por el Consistorio unos nuevos pliegos.
Desde el equipo de gobierno, el concejal de Movilidad, José Camarzana (PP), remarcaba que la compañía ha dado un "servicio impecable" y "sin quejas", al mismo tiempo que incidía en que los problemas económicos con la concesión llegan en 2020 con la declaración de la pandemia y, con las consecuencias que la invasión rusa de Ucrania en 2022 ha tenido en el incremento, entre otros, de los combustibles. "Sentimos que el trámite haya sido farragoso y largo, pero es el cauce legal", se justificaba el responsable del área, asumiendo que "se ha demorado" y argumentado que ha sido para esclarecer la justificación de la cuantía a abonar.
Sobre esa dilación en el abono de la administración local centraba sus críticas el portavoz de Ciudadanos – Tú Aragón, Jorge Lázaro, que recordaba cómo la empresa avisó de la situación en abril de 2022, que un mes después se aprobase la prórroga forzosa del servicio y cómo volvió a manifestar su deseo de abandonar la prestación, apelando a una rescisión unilateral hace escasas semanas. También cargaba contra lo que el consideraba una "amenaza" por parte del Ayuntamiento y recordaba que ya en abril de 2022 la técnico municipal de Contratación apoyaba abonar la compensación apelando a "la doctrina del riesgo imprevisible".
Desde el PSOE, Jesús Monge censuraba que "no hay justificación" en referencia a la tardanza con el pago y consideraba que los 15.000 euros correspondientes al ejercicio 2022 "ya tenía que haberse efectuado". De la misma forma, subrayaba el "baile de cifras" entre los distintos documentos obrantes en el expediente, a la vez que planteaba sus dudas sobre la no contabilización del beneficio industrial de la empresa en el cómputo de la compensación y reclamaba información sobre si se había empezado la tramitación de los nuevos pliegos del nuevo contrato.
Sobre las cuantías y su justificación, Camarzana apelaba a que la decisión se ha basado en los informes técnicos municipales que así lo han aconsejado. El alcalde, José Manuel Aranda, sí que asumía que la "interpretación es generosa" y consideraba la decisión como justa, sacando a relucir las demoras de los pagos de la DGA con los servicios de transporte escolar y rural con esta y otras empresas del sector.
Por su parte, la compañía confirma que seguirá prestando el servicio de manera prorrogada, al mismo tiempo que avanza que estudian los cauces administrativos y legales para reclamar una parte de la indemnización, el beneficio industrial, que no ha sido contabilizada.
