Un conserje rehúsa un paquete con 3,7 kilos de cocaína y acaba juzgado en Zaragoza
La Fiscalía lo sentó en el banquillo porque un mes antes sí recogió otro del mismo país, Paraguay,
Rechazó recoger un paquete procedente de Paraguay con 3.700 gramos de cocaína que le llevó en mano la Guardia Civil, pues se trataba de una entrega controlada, pero terminó detenido y acusado de tráfico de drogas. La razón es que un mes antes sí se había hecho cargo de un envío procedente del mismo país, empresa y destinatario y los investigadores concluyeron que, en la segunda ocasión, rehusó recogerlo porque sospechó que lo estaban investigando.
La Audiencia de Zaragoza juzgó a esta persona, conserje de profesión, este pasado lunes y ha tardado dos días en absolverlo argumentando que no hay ninguna prueba contra él ni nada que haga pensar que rechazara el paquete por sentirse vigilado.
El tribunal da por buenas y razonables las explicaciones que ofreció en la vista oral. Entre ellas, que del primer envío se hizo cargo porque un señor se lo pidió y abonó las tasas. Pero del segundo no porque le pareció que era un "abuso de confianza" actuar así sin habérselo pedido previamente. Y esto, señala la sentencia, suponiéndose que fuera dirigido a la misma persona.
Recordó el imputado que como conserje que lleva años trabajando en la finca posee un juego de llaves de cada vivienda por si fuera necesaria su apertura por cualquier motivo en ausencia de los propietarios.
Los magistrados de la Sección Sexta declaran probado que, el 8 de marzo de 2022, dos agentes de la Guardia Civil, autorizados por un juzgado de Vitoria, llevaron a una dirección de la calle de Sanclemente un paquete que contenía tres velas de cocaína, con un peso de 3,7 kilos. Iba dirigido a un tal Carlos L. y el conserje les dijo que allí no vivía nadie con ese nombre ni lo había hecho nunca, por lo que la entrega no se llegó a hacer. Dos meses antes, sin embargo, sí había recogido otro enviado desde Paraguay pero, como señala el tribunal, se desconoce su contenido ni lo que sucedió posteriormente con él.
Por lo tanto, como planteó el abogado del encausado en el juicio, José Cabrejas, no había ninguna prueba, ni directa ni indirecta, que demostrara que su cliente era el destinatario del paquete. La acusación no era baladí, puesto que la Fiscalía pedía para el imputado cinco años de prisión y una multa de 200.000 euros.
