Abogados y procuradores exigen en Zaragoza acabar con la "parálisis" de la Justicia
Denuncian la "insostenible" situación creada por cinco meses consecutivos de huelgas y los perjuicios causados a los ciudadanos y los despachos profesionales.
Suspensiones de juicios con implicados desplazados desde Santiago de Compostela, Málaga o incluso Bélgica; asuntos suspendidos sine die de víctimas de accidentes de tráfico, laborales o de otra índole; lesionados graves que esperan una cita para declarar y cuando llega se aplaza una y otra vez; indemnizaciones paralizadas sin posibilidad de llegar sus legítimos beneficiarios y múltiples y variados trámites imposibles de llevar a cabo.
Los abogados y procuradores de Zaragoza, al igual que todos los del resto de España, han salido hoy a la calle para exigir que la situación creada en los últimos cinco meses por los sucesivos “paros y huelgas” en la Administración de Justicia se solucione "ya”.
El decano del colegio de Zaragoza, Antonio Morán Durán, junto al del colegio de Procuradores, Pablo Marín, han encabezado la protesta convocada por el Consejo General de la Abogacía de España reclamando al Gobierno que tome cartas en el asunto y arregle los conflictos. En la capital aragonesa ha sido respaldada de forma contundente y masiva, teniendo en cuenta el número de colegiados.
En la mente de todos estaba que primero fueron los letrados de Justicia (LAJ) los que iniciaron un paro en enero que se prolongó dos meses hasta llegar a un acuerdo de subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes, luego jueces y fiscales (que solo amagaron con la huelga y consiguieron un aumento similar) y ahora son los funcionarios de todas las escalas los que reclaman el mismo trato y llevan ya un mes en huelga indefinida.
Según datos proporcionados entonces por los LAJ, su protesta provocó la suspensión de unos 356.000 juicios y vistas, se paralizaron 424.000 demandas y se retuvieron en las cuentas de consignaciones para pagos e indemnizaciones hasta 1.280 millones de euros.
“Ahora nos enfrentamos al paro de funcionarios. Nadie niega el derecho a la huelga, por supuesto, pero hay otro en la Constitución que es el derecho a la tutela judicial efectiva y este se está vulnerando cada vez que es citado un ciudadano para una actuación judicial y se suspende sin previo aviso”, ha señalado Antonio Morán Durán.
"No es difícil imaginar -ha añadido- el perjuicio que se crea cuando alguien tiene que venir desde otras localidades de España o de su propia provincia, deja su trabajo, pide permiso para que luego cuando llegue al tribunal se encuentre una puerta cerrada y un cartel, en el mejor de los casos, diciendo que se aplaza”.
“Cierto es -señala- que los huelguistas no tienen por qué avisar previamente que se van a poner en huelga, pero el efecto de su protesta no debe incrementarse con esta falta de delicadeza ante los propios ciudadanos”. Lógicamente, quienes tienen el contacto diario con los ciudadanos son los abogados y procuradores y por eso reclaman al Gobierno que se siente a negociar y acabe con el conflicto.
"Exigimos que se llegue a un acuerdo. Si las administraciones públicas tienen que tomar las medidas oportunas, reunirse con los huelguistas y negociar, que lo hagan, pero esta situación no puede mantenerse. Y más teniendo en cuenta la crónica demora que existe en España en la Administración de Justicia que, a juicio de los convocantes, “nunca ha interesado a nadie; ni a los poderes públicos”, ha dicho.
La conclusión a la que llegan los profesionales del derecho es que debe alcanzarse “un Pacto de Estado por la Justicia”. “La crisis crónica y la falta de eficiencia no se puede conseguir en un solo mandato gubernamental, tienen que ser medidas a medio y largo plazo y deben comprometerse todas las fuerzas políticas”.
Pablo Marín, por su parte, ha subrayado que el conflicto pone de manifiesto el “escaso interés por resolver lo” y deja claro que la Justicia “no da votos”. “El ciudadano va muchas veces al médico pero a los tribunales igual acude una vez en la vida. Por eso, mientras no dé votos ni los reste, el deficiente funcionamiento no se resolverá”.
