Todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -la mayoritaria de los jueces-, han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Justicia y el de Hacienda para evitar la huelga indefinida y han aceptado la oferta de 46,7 millones de euros, que se traduce en unos 450 euros al mes que se aplicarán a toda la carrera. La firma oficial del pacto tendrá lugar el martes, a las 13.00.

Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para el Democracia, ha sido el primero en informar a la prensa que este jueves se ha conseguido la fumata blanca. "Acabamos de terminar el texto que se va a firmar el próximo martes. Hemos llegado a un acuerdo seis de las siete asociaciones judiciales junto con el Gobierno y los demás representantes", ha apuntado al tiempo que ha destacado que la Mesa de Retribuciones queda "abierta" para el futuro.

Tras cinco reuniones, seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales han cerrado los últimos "flecos" de la negociación y han puesto fin al conflicto y a la convocatoria de huelga que cuatro de ellas tenían prevista para el lunes 22 de mayo. La APM se ha desmarcado del pacto al considerar "insuficiente" la propuesta del Ministerio, pero no ha precisado si plantea hacer parón.

"Yo estoy en negociación todavía; los demás parece que no, que ya han llegado al término de la negociación", ha dicho el portavoz de la APM, Juan José Carbonero en declaraciones a la prensa después de que el resto de asociaciones comunicaran su decisión de suscribir el acuerdo. Según ha precisado, "a día de hoy lo que hay sobre la mesa a la asociación mayoritaria no le satisface".

Preguntado sobre si la APM irá a huelga al desmarcarse del acuerdo de la mayoría, Carbonero ha asegurado que desde su asociación suspendieron "sin fecha" el parón. "Yo no descarto nada", ha dicho a la prensa para luego incidir en que "hasta que no llegue el martes, al momento de la firma, hay tiempo de acercar posiciones".

Fuentes cercanas a la negociación han asegurado a Europa Press que desde Justicia celebran el acuerdo que se ha alcanzado con las seis asociaciones y han asegurado que les gustaría que la séptima, la APM, se sumara a la firma.

Preguntado por si el acuerdo será para todos al no contar con el apoyo unánime, el portavoz de JJpD ha explicado que el pacto se elevará al Consejo de Ministros como propuesta de la Mesa de Retribuciones y será éste el que decidirá si asume esa iniciativa que, según ha recordado, afectaría a toda la carrera judicial y fiscal.

Desde la Unión Progresista de Fiscales, Inés Herreros ha celebrado el acuerdo, que "supondrá mejoras de carácter retributivo" y ha trasladado a la opinión pública un "mensaje de tranquilidad" al evitarse la huelga indefinida de jueces y fiscales. Por su parte, Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales (AF), ha asegurado que, aunque firmarán el acuerdo alcanzado con el Ministerio, éste "no es" el pacto que hubieran "deseado". 

La propuesta de Justicia y Función pública

El acuerdo que se ha alcanzado este jueves incluye una partida de 46,7 millones de euros que se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos 447 euros en 12 pagas. Dicho incremento representaría un aumento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos.

Según fuentes cercanas a la negociación, los incrementos negociados en el marco de la Mesa de Retribuciones se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.

Desde el Ministerio precisaron en un comunicado que el ofrecimiento incluía, además del incremento del complemento de destino por representación, la modificación de las leyes en tramitación para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia de la "suficiente fortaleza como para hacer frentes a los nuevos retos de la organización". Según recalcó, las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia también "verían fortalecido su papel ejecutivo".

Respecto a la carrera fiscal, el Ministerio dirigido por Pilar Llop planteó "abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión, en los anexos de la Ley 15/2003, de las plazas de fiscales decanos, fiscales delegados y fiscales de área".

Además, el Gobierno propuso que los integrantes de la Mesa de Retribuciones establecieran un "nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado". "A tal fin, se constituirán grupos de trabajo permanentes, y la Comisión se convocará con carácter anual, para valorar el desarrollo y aplicación de los acuerdos alcanzados, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los trabajos desarrollados por los distintos grupos", detalló Justicia.

Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a incrementar en 100 plazas la oferta de empleo público 2023 para jueces y fiscales, y "un incremento equivalente en la oferta correspondiente al año 2024", según explicó el Ministerio.