Funcionarios de Justicia se manifiestan en Madrid con la "esperanza" de retomar el diálogo
Los sindicatos piden una subida salarial en línea con los acuerdos retributivos alcanzados por el Gobiernos con los letrados de la administración de Justicia y con jueces y fiscales.
Miles de funcionarios de juzgados y tribunales, en huelga indefinida desde hace más de un mes, se han manifestado este martes en el centro de Madrid con la "esperanza" de que el Ministerio de Justicia retome con los sindicatos un diálogo que se rompió a principios de este mes sin ofertas sobre la mesa.
Pese a que los trabajadores ya están empezando a notar el impacto de la huelga en sus nóminas, con penalizaciones de entre 1.000 y 1.200 euros al mes, Javier Jordán, responsable de Justicia de CSIF, el sindicato mayoritario en este sector, ha asegurado a los medios que mantienen la "esperanza" y que buscarán "hasta el final" una "solución negociada que beneficie a los trabajadores, al servicio público y a los ciudadanos".
Entre 3.000 personas, según las autoridades, y 10.000, según los convocantes, han partido a la una del mediodía del Ministerio de Justicia, cuando los termómetros de la calle marcaban hasta 40 grados al sol, y han recorrido la Gran Vía madrileña hasta llegar a la sede de Hacienda y Función Pública, en la calle Alcalá.
Durante el recorrido han gritado consignas como "que den la cara, que negocien ya", "dos meses de huelga sin negociación" y "jueces y letrados ya están apañados", en referencia a los acuerdos retributivos alcanzados por el Gobiernos con los letrados de la administración de Justicia y con jueces y fiscales, que supondrán unos 450 euros brutos mensuales más para estos cuerpos.
Los sindicatos piden una subida en línea con estas, de entre 350 y 430 euros al mes para los 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia, así como la negociación de cualquier nueva ley que afecte a sus condiciones de trabajo.
"El Ministerio está muy cerrado", ha reconocido Jordán al inicio de la marcha, y ha recordado que, desde que arrancaron sus movilizaciones el pasado 17 de abril, el departamento que dirige Pilar Llop "no se ha sentado a negociar y no ha puesto una propuesta encima de la mesa", lo que ha calificado de una "humillación" para los trabajadores.
El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, "sabe muy bien" que el 6 de junio, en la última reunión entre el comité de huelga y representantes del Ministerio, "se levantó de forma abrupta de la mesa y rompió todos los puentes de negociación", ha reprochado.
"Está reescribiendo 'Los mundos de Yupi', porque la realidad es que nos tiene en la calle desde hace más de dos meses", ha contestado Jordán a Rodríguez, quien ha dicho en un acto en el Centro de Estudios Jurídicos que el Ministerio de Justicia "es una casa abierta no solo a su personal, sino también a todas las profesiones jurídicas y al conjunto de la sociedad".
Los funcionarios empezaron sus movilizaciones el 17 de abril, primero con paros parciales y huelgas de 24 horas puntuales, y luego con una huelga indefinida a la que están llamados por los sindicatos CSIF, STAJ, CC.OO. y UGT desde el 22 de mayo.
Su paro ha supuesto la suspensión de más de un millón de juicios y alrededor de 10 millones de actuaciones procesales, según las últimas cifras del comité de huelga.
"El Gobierno y el Ministerio de Justicia tienen secuestrada a la ciudadanía manteniendo sin funcionar un servicio público tan esencial como la administración de Justicia, que garantiza, o debería garantizar, la tutela judicial efectiva de los ciudadanos", ha valorado al respecto el secretario general de Justicia de CCOO, Luis Calero.
Por otro lado, el personal laboral de la administración de Justicia de los territorios que no tienen transferidas las competencias también ha protestado esta mañana frente al Ministerio para reclamar el fin de su "brecha salarial", la "funcionarización" de algunos de sus puestos y un "mayor reconocimiento" de sus funciones, ha dicho a EFE Pedro Azorín, portavoz de CC.OO.
Psicólogos, trabajadores sociales, educadores forenses, peritos judiciales, traductores-intérpretes, técnicos en anatomía patológica, archiveros, ordenanzas y personal de mantenimiento reivindican unas "condiciones de trabajo dignas" en Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.
