Los abogados siempre hemos sido optimistas. Consideramos que ver las posibilidades de futuro siempre es mejor que hacer inventario de las oportunidades perdidas. Incluso en los escenarios más adversos, vemos que es más útil buscar salidas, encontrar soluciones.

Esa visión positiva define nuestras decisiones como abogados y también en la Abogacía institucional. Porque somos plenamente conscientes de que la paz social en toda sociedad democrática depende, en buena parte, de que ésta disponga de un servicio público de Justicia que resuelva los conflictos, que solucione los problemas a los ciudadanos, protegiendo sus derechos y libertades.

Ésa es la función primordial de este servicio público. El que hoy lleva meses paralizado. Y ésa es precisamente la razón por la que abogados y abogadas seguimos creyendo en el sistema de Justicia y lo defendemos, por muchas que sean sus deficiencias y sus retrasos, impensables en cualquier otro servicio público.

Desafortunadamente, desde hace muchos años, se habla de "la crisis de la Justicia". En singular. Como si fuera consustancial al propio servicio. Y es que la Justicia no parece que importe mucho o, al menos, no lo suficiente, sea cual sea el color de los gobiernos, bien sea estatal o autonómico.

Por eso, precisamente, no ha existido aún una legislatura en nuestra democracia que haya modernizado verdaderamente la Justicia, como sí ha ocurrido con la educación o la sanidad, entre otros servicios públicos.

Las iniciativas de cambio impulsadas hasta la fecha no han gozado de suficiente voluntad política o han perecido por la falta de visión de Estado, víctimas del cortoplacismo. Así las cosas, nadie termina de implementar las soluciones proyectadas en Justicia, aunque sea patente que requiere urgentemente una reorganización que la haga más rápida y efectiva, junto con más recursos materiales y personales.

Por si fuera poco, en 2020 llegó la pandemia. La Justicia no sólo fue la Administración más paralizada, sino una de las que más ha tardado en recuperar una cierta normalidad.

Y todavía no habíamos vuelto a esa normalidad cuando irrumpió la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, congelando de nuevo la actividad durante meses. Y ahora, al reciente amago de la huelga de jueces y fiscales, le sigue la actual huelga de funcionarios. Una nueva huelga que continúa paralizando la Justicia, sin control efectivo, ni del cumplimiento de los servicios mínimos y sin viso alguno de solución.

De nada han servido durante estos últimos años las llamadas de auxilio. Ni las peticiones de responsabilidad a unos y otros. Las contundentes alertas han caído en saco roto. Con este panorama, España arranca su presidencia europea con una Justicia que podría considerarse al borde de la quiebra técnica.

Cuando se apunta que nuestro país acaba de recuperar buena parte de los indicadores económicos que teníamos en 2019, la Justicia vive uno de sus peores momentos del periodo democrático, paralizada desde hace meses por sucesivas huelgas y sin implantar, ni las medidas de transformación proyectadas en las Conferencias Sectoriales de Justicia, ni los proyectos de ley que se habían consensuado y que habían llegado al Congreso.

Por eso, mañana, 28 de junio, los Colegios de la Abogacía de toda España hemos convocado a nuestros compañeros y compañeras para concentrarnos. Para pedir la decidida implicación de todas las Administraciones y los operadores jurídicos en la búsqueda de una solución. A unos y otros les exigimos la urgente e inmediata reactivación de este servicio público, por el bien del país y de la ciudadanía. La situación es insostenible. Y por eso mismo, también exigimos a los partidos que concurren a las elecciones que hagan de la Justicia una prioridad, para que la XV Legislatura sea por fin la Legislatura de la Justicia.

A unos y otros va dirigido el lema de la protesta: La Justicia es una cuestión de Estado. Demostremos que creemos en ello antes de que sea demasiado tarde.