El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza ha dado vía libre al derribo del convento de Jerusalén, situado en el número 10 del paseo de Isabel la Católica. La sentencia estima parcialmente el recurso presentado por Enta Properties SL, reconoce su derecho a obtener licencia de demolición y condena en costas al Ayuntamiento por un máximo de 4.000 euros. Entre otros argumentos, esgrime que, tras varios años, “no se ha fijado ningún tipo de protección o catalogación” para el inmueble. Sí rechaza, sin embargo, el otorgamiento de licencia urbanística o de apertura para una residencia para la tercera edad, dado que la cesión “es onerosa y sí genera edificabilidad”.

A escasos días de finalizar el mandato de ZEC se elaboró un informe firmado por una funcionaria municipal en el que se hablaba de la idoneidad de proteger el convento. No obstante, la nueva corporación pidió otro a la comisión municipal de patrimonio basado en la opinión de expertos y catedráticos que concluyó que no había nada que catalogar. Ambos fueron elevados a la DGA, que dijo que la competencia era exclusivamente municipal. No obstante, a principios de 2022, el propietario del suelo decidió poner la polémica en manos de la Justicia.

Los tribunales dan ahora un plazo de dos meses para tramitar la licencia de derribo. Según defienden, el propio Ejecutivo autonómico podría haber recurrido a la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, para proteger el convento. Y estiman que se tenía la posibilidad de fijar un régimen “provisional” desde un primer momento.

El propio alcalde, Jorge Azcón, ha reconocido este jueves que la sentencia es “inapelable”, aunque desde el Ayuntamiento se estudia la posibilidad de recurrir “algunas cuestiones”. “Hay algunas de las decisiones del juez que el Ayuntamiento comparte y otras más discutibles”, ha señalado.

A este respecto, ha reconocido que el convento lleva ya “mucho tiempo cerrado” y “debe tener una solución urbanística”. “Poner en marcha nuevos proyectos es algo que tenemos que hacer. Estamos para solucionar problemas, no para dejar que se atasquen y se queden durante décadas sin solución”, ha remarcado.

También ha subrayado que no hay planes sobre la mesa para vincular esta parcela, de 9.296 metros cuadrados, a la actual operación Romareda.