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Alberto Cubero: "La intención de mis palabras fue llamar a la movilización no a la violencia"

El concejal de ZEC ha sido juzgado este jueves como presunto autor de un delito de odio que denunció VOX y se sumó la Fiscalía

Alberto Cubero, juzgado
Guillermo Mestre

"(…) En política fiscal y económica se les cae la careta, y luego les pasa lo que les pasa, que van a Vallecas y los reciben como los reciben. Ojalá les pase lo que les pasó en Vallecas en toda España". Estas afirmaciones vertidas por el concejal de Zaragoza en Común (ZEC), Alberto Cubero en la comisión de Hacienda del 20 de abril de 2021 no merecieron ningún reproche por parte de la concejal del ramo María Navarro, salvo para decirle que ya había tenido "su minuto" para hacer un vídeo viral. Ni siquiera el concejal de Vox, Julio Calvo, a quien iban dirigidas, dijo nada.

Sin embargo, tres días después, Alberto Cubero colgó en su cuenta de Twitter el vídeo de su intervención añadiendo la frase: "A la ultraderecha hay que tratarla como en Vallecas, no se discute con ella, ni mucho menos se le tolera. Se les confronta en cada sitio, que siempre sea como en Vallecas".

Dos días más tarde la dirección nacional de Vox, en plena campaña electoral en Madrid, anunciaba una querella contra el edil como autor de un delito de odio que era admitida por el juzgado y apoyada por la Fiscalía. Este jueves se ha sentado en el banquillo y el Ministerio Público ha mantenido su acusación contra el concejal, para quien pide 2 años y medio de cárcel, y también Vox, que solicita 4 años y 8 meses.

Juicio a Alberto Cubero

Cubero reconoció sus palabras y difusión del tuit y aclaró: "Mi intención no fue llamar a la violencia sino a la movilización de una manera masiva y templada". Situó lo dicho en el contexto de una comisión de política fiscal en la que él planteó que Vox "defiende a los barrios ricos frente a los humildes", aunque luego "tratan de disimular" con "afirmaciones populistas" y eso se "notó" en un barrio como Vallecas.

El concejal insistió en que la manifestación fue "legal, masiva y autorizada" y achacó los altercados posteriores a la "provocación" del líder de Vox, Santiago Abascal, que se bajó de la tribuna y rompió el cordón policial. Añadió que él ni deseó ni desea "mal a nadie" y que su relación personal con Julio Calvo es "buena".

Tanto esto como que en la comisión no pasó "nada" fueron corroboradas por los concejales María Navarro (PP), Carmen Herrarte (Cs), Ros Cihuelo (PSOE), y Fernando Rivarés (Podemos). Julio Calvo, como afectado, dijo que la frase la interpretó como un "exabrupto más" de los que "suele hacer Cubero", "malsonante"y "desagradable", pero no como una alusión "personal". "Aunque sí sentí que deseaba mal a mi grupo político", matizó.

La fiscal y la abogada de Vox, Marta Castro sostuvieron que las palabras de Cubero constituyen "claramente" un delito de odio y "no están amparadas" por el derecho a la libertad de expresión. Coincidieron en que este derecho no es ni "ilimitado" ni "absoluto" y acaba cuando colisiona con otros como "la libertad de pertenecer a un partido". 

"Tampoco ampara ataques verbales", ni "incitación a la violencia", dijo la fiscal, que calificó de "mensaje envenenado" y "fóbico" el discurso de Cubero. Subrayó que "las palabras preceden a la acción" y las suyas plantearon un "peligro abstracto". La abogada de Vox puntualizó que ella sí ve un "peligro concreto" en sus palabras.

Mientras, Ramón Campos, abogado del edil, rechazó rotundamente que se trate de un delito de odio y calificó de "aberración jurídica" que el caso haya llegado tan lejos y que Cubero sea el primer político de España en ser juzgado por sus palabras como "cargo público". Sobre todo porque, explicó, el Tribunal Supremo ha dejado sentado que el artículo 510 del Código Penal no va dirigido a proteger a un partido político (que se puede defender como organización) sino a los colectivos de personas vulnerables. 

El letrado afirmó que Vox trata de "socavar la democracia" con el "uso torticero" del derecho, que es un partido que considera "enemigos" al resto y no "contrincantes" y los animó a acudir a la vía Civil para defender su honor si lo consideran vulnerado y que afronten las costas.

"Por lo menos podían haber esperado para poner la querella saber qué pasó en Vallecas", dijo Ramón Campos, para recordar a continuación que el Juzgado número 8 de Madrid que ha investigado los incidentes ha archivado el caso por no ver indicio de delito alguno. 

El pasado 11 de julio el titular del juzgado madrileño emitió un auto en el que finalmente inadmitía "la querella presentada por el partido político Vox" y acordaba "el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, puedan corresponder al perjudicado por las lesiones y daños ocurridos en el acto electoral".

El partido había denunciado a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, y a uno de los mandos de las UIP encargado de la seguridad y al colectivo del Rayo Vallecano los "Bukaneros" por los delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. También denunció al ex dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, "por delitos de odio" al considerar que participó en las redes en la campaña contra Vox, y posteriormente amplió la querella contra Pablo Iglesias.

El apoyo al concejal y la reprimenda a Macarena Olona

La mañana comenzó con un concurrido apoyo en las puertas de la Ciudad de la Justicia al concejal Alberto Cubero. Con gritos de «ser antifascista es un orgullo» y «como en Vallecas en toda España», unas 200 personas arroparon al edil de ZEC. Cubero denunció la campaña de «persecución judicial» de Vox contra políticos de su ideología (Partido Comunista) o como Podemos.

Minutos después Cubero declaraba ante la magistrada del Penal 3, María José Gil. La juez dirigió la vista con paciencia hasta que llegó el turno de interrogar a la exdiputada de Vox Macarena Olona, la cual tenía la prerrogativa de hacerlo por videoconferencia puesto que cuando fue citada aún era parlamentaria.

Aunque este jueves ya no tenía esa condición, se le permitió con la advertencia de que tuviera un dispositivo dispuesto para conectar con el juzgado. Pero la técnica falló y hubo que suspender una hora el juicio para que Olona, desde Salobreña (Granada) buscara otro terminal. "Esta señora nos ha informado de que está en no se qué carretera buscando un ordenador no sé dónde", anunció la magistrada. Luego, cuando por fin conectó, la juez la reprendió por haber tenido que suspender el juicio.

Olona declaró como testigo de los incidentes de Vallecas y dijo que pasó "miedo" y pensó que podía haber un "muerto". Ángel López, diputado de Vox por Guadalajara, relató que resultó herido en una mano por una pedrada y que no deseaba a nadie pasar por esa situación.