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Una mujer pide 10 años de cárcel por abusos para el joven que la sacó de un club en Zaragoza

La denunciante y el acusado iniciaron una relación sentimental y él le pagó el alquiler de un piso para que dejara la prostitución. Ella mantiene que rompieron a los pocos meses pero él la seguía obligando a practicar sexo.

El acusado, durante el juicio celebrado este martes en la Audiencia de Zaragoza.
Oliver Duch

Una relación sentimental a la que puso fin una denuncia por abusos sexuales continuados ha sentado este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza a Ndao L., un joven de origen senegalés para el que la Fiscalía pide casi 10 años de prisión. Pero él no solo niega que obligara a su pareja a mantener relaciones, sino que asegura que esta lo engañó y le hizo creer que iban a casarse con la única intención de sacarle dinero. La denunciante, que había llegado a España sin papeles y tenía 4 hijos en Colombia, reconoce que durante unos tres meses fueron novios, pero lo dejaron porque “era muy posesivo” y no le gustaron “sus costumbres” como musulmán. Pero la supuesta ruptura no impidió que la mujer aceptara irse a vivir a un piso que él alquiló para ella en la calle Terminillo, donde el hombre acabó detenido el 15 de mayo de 2021.

A la hora de dar su versión de lo sucedido, son muy pocas las cosas en que han coincidido acusado y denunciante. Entre ellas, en que ambos se conocieron a comienzos de 2021 en un club de alterne de la capital aragonesa. También en que, después de que Ndao L. visitara en un par de ocasiones el local, ambos decidieron seguir viéndose fuera como pareja.

El hombre cuenta que por aquel entonces trabajaba con contrato fijo en un matadero y tenía permiso de residencia. Como ella dormía en el club y quería buscarse algo, él acabó proponiéndole pagarle el alquiler de un piso. “Yo seguí viviendo en mi casa de Torrero, este piso era para ella sola. Yo le dije que se tomara un tiempo para conocernos y si la cosa iba bien, casarnos y formar una familia”, ha explicado al tribunal de la Sección Primera. “Yo trabajaba de lunes a viernes -ha dicho después-, por lo que solo iba al piso de la calle Terminillo los sábados. Manteníamos relaciones sexuales, pero eran siempre consentidas”.

Según el acusado, la única razón por la que esta mujer lo denunció fue “el dinero”. “Ella no trabajaba. Yo le pagaba el piso, las facturas, todo. Hasta le compré un Iphone 12. Pero quería más. Un día me llamó al trabajo pidiéndome 200 euros y le dije que solo podía conseguirle100. Yo no gastaba mucho, no salgo, no bebo… Pero además de pagar todo lo suyo, tenía que mandar algo de dinero a mi padre. Ella se enfadó y allí empezaron los problemas”, asegura.

Supuestas amenazas

El relato de la denunciante difiere bastante. Según esta, la relación se rompió a los tres meses, cuando ella tenía alquilada una habitación por su cuenta. “Fue después cuando me llamó para ofrecerme alquilar el piso a su nombre, permitiéndome que subalquilara el resto de habitaciones”, ha contado. “Pero empezó a presentarse allí todos los sábados con la intención de mantener relaciones sexuales. La primera vez yo acepté. Me había ayudado y pensé, no pasa nada. Pero después siguió acudiendo cada fin de semana al piso para acostarse conmigo contra mi voluntad”, ha añadido.

La mujer asegura que no le quedó otra que soportar aquellos abusos porque el investigado le recordaba que no tenía papeles y podía denunciarla en cualquier momento. Sin embargo, ella dice que el 15 de mayo de 2021 decidió poner fin a aquella situación, produciéndose una fuerte discusión en la que Ndou L. acabó agrediéndola. Según esta, el hombre la acorraló en la cocina, pero logró escapar y llamar a la Policía, que se presentó en el piso y arrestó al senegalés. Desde entonces, la denunciante cuenta con permiso de residencia.

La acusación particular solicita una condena de 9 años por los abusos sexuales continuados y otro por un delito de malos tratos en el ámbito familiar con lesiones. A su petición añade una indemnización de 1.050 euros por las lesiones, 1.500 por daños materiales y 9.000 más trastornos psicológicos y daños morales. La defensa, a cargo de la letrada Elena Carnicer, considera que no hay delito por el que condenar y propone la absolución.