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El hurto de botellas y ropa en la Jefatura Superior de Policía llega a la Audiencia de Zaragoza

La causa está solo pendiente de que se fije la fecha para el juicio, que será con un jurado popular. 

El alijo de 2.061 botellas fue depositado en los calabozos de la Jefatura Superior de Aragón, que se utilizan como almacén.
El alijo de 2.061 botellas fue depositado en los calabozos de la Jefatura Superior de Aragón, que se utilizan como almacén.
Cuerpo Nacional de Policía

La magistrada de la Sección Sexta María Pilar Lahoz presidirá el jurado que decidirá si el inspector jefe de la Policía Nacional Enrique G. y el subinspector de Hurtos Rafael A. cometieron sendos delitos de malversación o apropiación indebida de 317 botellas de licor y 319 objetos (ropa y cosméticos) que estaban custodiados en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía Aragón. Los efectos formaban parte de dos de alijos intervenidos por el grupo de Hurtos de Zaragoza en 2017.

La magistrada acaba de comunicar a las partes el auto donde relata los hechos enjuiciables que verá el jurado cuando se fije la fecha. Los dos funcionarios se enfrentan a penas de tres a seis años de cárcel que piden la Fiscalía y la acusación particular, respectivamente, ejercida esta última por el sindicato Jupol, representado por el abogado Marco Antonio Navarro. Las defensas, a cargo de los letrados Enrique Esteban y María Pilar Sangorrín, siempre han negado las acusaciones y reclaman la absolución de sus clientes.

Los efectos en cuestión (2.059 botellas y decenas de prendas, perfumes y complementos) llevaban dos años en custodia policial. El 4 de septiembre de 2019, el jefe superior, Juan Carlos Hernández, comentó en una reunión que había que llevar las botellas a Mayandía, aunque no se lo ordenó a nadie en concreto.

Los días 6 y 7 de ese mes, según las acusaciones, Rafael A. fue a los calabozos y se apropió de 53 botellas. El domingo día 8, Enrique G. B. decidió hacer el traslado usando una furgoneta oficial, a su secretario y conductor y a dos personas ajenas a la Policía, llevó los licores a Mayandía. En ese traslado, seleccionó una serie de productos de los que se apropió presuntamente. Los hechos se descubrieron pocos días después a raíz de un anónimo que circuló por la Jefatura Superior.

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