El hurto de licores y ropa de dos alijos en Zaragoza lleva a dos mandos de la Policía ante un Jurado
La magistrada del caso dicta auto de apertura de juicio oral contra los acusados, que se enfrentan a penas de entre 3 y 6 años de cárcel por presunta malversación.
Un Jurado será el encargado de enjuiciar a dos mandos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón acusados de apropiarse de 377 botellas y 319 efectos (desde colonias a cosméticos o ropa) procedentes de dos alijos intervenidos en dos operaciones distintas llevadas a cabo por el Subgrupo de Hurtos de Zaragoza en 2017 y que estaban bajo su custodia.
Tanto la Fiscalía como el sindicato Jupol los acusan de sendos delitos de malversación (o apropiación indebida) cometida por funcionario público, uno de los ocho tipos delictivos que son competencia del tribunal popular. El Ministerio Público pide para cada uno de ellos una condena de tres años de prisión y otros tantos de inhabilitación, pena que la acusación popular, a cargo del abogado Marco Antonio Navarro, eleva a seis años de cárcel y una multa de 3.600 euros.
Fecha de juicio
La magistrada Natividad Rapún, encargada del caso, dictó el pasado 20 de diciembre el auto de apertura de juicio oral, que pone punto final a la instrucción y que ahora queda a la espera de que la Audiencia Provincial de Zaragoza fije la fecha para celebrar la vista. En su escrito, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 indica que procede el enjuiciamiento del inspector jefe de la Brigada Móvil y exresponsable de la de Seguridad Ciudadana, José Enrique G. B., y el responsable de facto del Grupo de Hurtos, el subinspector José Rafael A. P., por los hechos que mantiene la Fiscalía.
Aunque llegaron a ser investigados seis funcionarios, finalmente la causa se archivó contra cuatro de ellos y solo ha seguido adelante contra los dos mencionados. El Ministerio Público entiende que hay pruebas suficientes para considerar a los dos encausados responsables únicos de la desaparición de 377 de las 2.059 botellas que la Policía intervino en 2017 en un establecimiento chino de alimentación del Camino de las Torres. Igualmente, cree que son los autores de la desaparición de 319 objetos que se requisaron en otra intervención policial en la que se investigaba el robo de camiones que transportaban mercancía de Inditex y algunas empresas de cosméticos y perfumes.
Los efectos de ambas operaciones policiales quedaron custodiados en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía, inutilizados para detenidos pero usados como almacén. En principio, todos estaban debidamente empaquetados y precintados y se hizo un exhaustivo inventario de todo lo que contenían las cajas depositadas en las celdas 1, 2 y 3, con la finalidad de garantizar su debida custodia.
Candados en los calabozos
En enero de 2019, el acusado Rafael A. remitió un oficio al juzgado de lo Penal número 7 en el que pedía que se trasladasen las 2.059 botellas a la Ciudad de la Justicia y en mayo de ese año, sin haberse movido ni una caja, decidió colocar un candado en cada uno de los calabozos.
Todo quedó así hasta que el jefe superior de Policía, Juan Carlos Hernández, en septiembre de 2019 comentó en una reunión con mandos policiales que había que trasladar las botellas a Mayandía, aunque no se lo ordenó a nadie en concreto. Enrique G. B., según la Fiscalía sin recibir instrucciones concretas, decidió hacer el traslado el 8 de septiembre, domingo, entre las 17.00 y las 20.15, utilizando una furgoneta oficial, a su conductor y a dos personas ajenas a la Policía que conocía de su pueblo, llevó los licores a Mayandía. El Ministerio Público afirma también que los días 6 y 7 de septiembre, Rafael A. fue a los calabozos y cogió 53 botellas; y que Enrique G. B. seleccionó una serie de productos de los que se apropió.
Sin embargo, los abogados defensores de los encausados, Enrique Esteban Pendas y María Pilar Sangorrín, niegan que los hechos sucedieran tal y como aseguran las acusaciones y pedirán la absolución de ambos.
El letrado Enrique Esteban mantiene que cuando Rafael A. puso los candados en los calabozos -algo que le recriminaron otros funcionarios- era ya un "clamor popular" en la Jefatura Superior que faltaban botellas, ya que se fueron consumiendo en celebraciones y aniversarios. "Si bien -asegura el abogado en un escrito- nadie estaba dispuesto a reconocer dichas circunstancias, pues quien procediera a efectuar denuncia tendría que justificar el motivo por el cual no lo había puesto en conocimiento de los responsables de la Jefatura Superior de Policía cuando tuvo noticia de ello".
Un anónimo que circuló por la Jefatura el 9 de septiembre destapó las irregularidades que ahora juzgarán en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
