La desaparición de 377 botellas prémium de la Jefatura de Policía de Aragón acaba con dos mandos en el banquillo

Tras casi dos años de pesquisas, el culebrón de las 377 botellas de licores prémium desaparecidas de los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, donde permanecían bajo custodia, parece llegar a su fin. Y aunque cuatro investigados consiguieron que la juez archivara la causa respecto a ellos, la Fiscalía acaba de pedir la apertura de juicio oral contra dos mandos: el inspector jefe de la Brigada Móvil y exresponsable de la de Seguridad Ciudadana, José Enrique G. B., y el responsable de facto del Grupo de Hurtos, el subinspector José Rafael A. P., para los que solicita sendas penas de tres años de prisión, así como la inhabilitación.

El Ministerio Público entiende que hay pruebas suficientes para considerar a los dos encausados responsables únicos de la desaparición de 377 de las 2.059 botellas que la Policía Nacional intervino en un establecimiento de alimentación asiático en 2017 y que un juzgado de instrucción de Zaragoza había ordenado custodiar en la Jefatura Superior. Según la Fiscalía, no fue este el único alijo en depósito que acabó desprecintado, ya que también acusa a José Enrique G.B. de apoderarse o permitir que otros lo hicieran de 319 efectos de otra intervención policial. Entre otros, 142 cosméticos, 103 prendas de ropa o complementos y 68 perfumes.

Para la acusación pública, ambos funcionarios actuaron de forma independiente pero con idéntico propósito: apoderarse de lo que no era suyo. Y lo hicieron, considera, "con total deslealtad y vulnerando de modo grave la cadena de custodia, al romper los precintos de las cajas que contenían los referidos efectos judiciales y apoderarse de una parte".

Cabe recordar que la investigación se inició a raíz de un anónimo recibido en la Jefatura Superior de Aragón el 9 de septiembre de 2019, en el que alguien alertaba de la presunta sustracción de cientos de licores y otros objetos que estaban a disposición judicial. Tras una serie de pesquisas a nivel interno, el Cuerpo Nacional de Policía decidió poner el asunto en manos de la Justicia para depurar posibles responsabilidades penales.

Entre los seis investigados iniciales figuraban dos vecinos de Jarque de Moncayo a los que el inspector jefe José Enrique G. B. –que tiene una segunda residencia en este pueblo– llevó a la Jefatura para que le ayudaran a trasladar el grueso del material al cuartel de General Mayandía. También estuvieron encausados dos policías de la escala básica que, según concluyó la juez, solo obedecieron las órdenes de los dos mandos. Pero estas cuatro personas fueron exoneradas y no acabaran en el banquillo.

Los abogados que representan a los dos acusados, Enrique Esteban y Pilar Sangorrín, insisten en su inocencia. Durante una audiencia preliminar celebrada este miércoles, el primero pidió la suspensión del procedimiento hasta que la Audiencia de Zaragoza resuelva el recurso presentado contra la negativa de la juez a practicar una serie de pruebas solicitadas por las defensas.