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PP-Cs defiende que el 86% de los contratos caducados se han regularizado y el PSOE pide una junta de portavoces urgente
La Cámara de Cuentas detecta un gasto de 102,5 millones en 2020 por reconocimientos extrajudiciales de crédito y el gobierno asegura que en 2023 se habrá reducido casi en su totalidad
El número de contratos caducados en el Ayuntamiento de Zaragoza siguió creciendo en el año 2020. Es lo que se desprende del último informe de fiscalización publicado por la Cámara de Cuentas de Aragón que, aunque reconoce los "esfuerzos" de Hacienda para solucionar los problemas de gestión, esgrime que "aún no se aprecian mejoras tangibles". De hecho, arroja un dato determinante: desde 2014, el gasto derivado de prestaciones sin cobertura contractual, es decir, las obligaciones pagadas por reconocimientos extrajudiciales de crédito, se ha incrementado un 240%, al pasar de 30 millones de euros a los 102,5 de hace dos años. La concejal responsable del área, María Navarro, ha asegurado que actualmente el 86% de estos contratos ya se han regularizado y que se están siguiendo las recomendaciones del organismo. Sin embargo, el grupo municipal del PSOE ha pedido la convocatoria de una junta de portavoces urgente ante lo que ha considerado una "irresponsabilidad" y un "desprecio absoluto a los procedimientos legales".
Navarro ha recordado que el plan de choque de contratación que puso en marcha el gobierno PP-Cs en 2019 ha logrado regularizar el 86% de los contratos caducados, entre ellos el que gestiona la limpieza pública de la ciudad, recientemente adjudicado por 743 millones de euros y el que representaba un mayor volumen de convalidaciones de gasto, el 45% del total. También se ha sacado adelante los que regulan el mantenimiento de las zonas verdes, la reparación de la iluminación de la ciudad, la limpieza de los edificios municipales, los contadores de agua, la teleasistencia o la señalización, así como el socorrismo de las piscinas o el mantenimiento de la red energética, entre otros.
Ahora, se está impulsando una segunda actuación para el periodo de 2022 y 2023 con el objetivo, en palabras de la edil, de que reducir "casi la totalidad" del gasto por prestaciones sin un contrato en vigor. Según fuentes del área, cuando se adjudiquen los servicios pendientes, como los contenedores soterrados, la guardería de perros, la captura de animales o la limpieza de cheniles o la explotación del azud del Ebro, el volumen de convalidaciones disminuirá un 93%.
"El informe reconoce que ya estábamos en ello y pide que se refuercen las medidas ya adoptadas", ha indicado la responsable de Hacienda, que ha dicho que prueba de esta evolución es que en lo que va de 2022 se han gastado 37 millones de euros en reconocimientos extrajudiciales. "Se ha hecho un ingente trabajo y se están viendo los frutos", ha insistido. Igualmente, Navarro ha asumido que "siempre hay cosas que mejorar" y, en este sentido, ha asegurado que se seguirán todas las recomendaciones de la Cámara de Cuentas.
Precisamente, en línea con estas sugerencias ha explicado que se está acometiendo el segundo plan de choque de contratación, que se ha reforzado el departamento de Hacienda con más personal y que se han elaborado nuevas instrucciones de contratación y distintos modelos.
Sin embargo, desde el grupo municipal socialista han sido duros. Su portavoz, Lola Ranera, ha pedido la convocatoria de una junta de portavoces urgente a la que asista el alcalde, Jorge Azcón, para tratar el asunto, ya que, según ha dicho, el informe aporta una información "de extrema gravedad". "El PSOE en 2014 dejó 30 millones de euros en reconocimientos de obligación y ZEC, 53,3 millones en 2018. PP-Cs ha perdido el rumbo de la contratación", ha criticado la edil, que ha indicado que en el caso de 2020, según la Cámara de Cuentas, un tercio del gasto corriente se destinó a los contratos caducados.
"Un mecanismo que debería haber sido excepcional ha sido habitual y eso es ilegal, ya lo decía Navarro cuando era portavoz de Hacienda del PP en la oposición", ha sentenciado Ranera, que también ha acusado al gobierno municipal de "falta de transparencia" en este sentido.
