Zaragoza pagó en 2020 102,5 millones de euros por 145 contratos caducados
La Cámara de Cuentas insta a acelerar la regularización de los expedientes y PP-Cs asegura que el 86% ya están en vigor.
El número de contratos caducados en el Ayuntamiento de Zaragoza siguió creciendo en el año 2020. Es lo que se desprende del último informe de fiscalización publicado por la Cámara de Cuentas de Aragón que, aunque reconoce los "esfuerzos" de Hacienda para solucionar los problemas de gestión, esgrime que "aún no se aprecian mejoras tangibles". De hecho, arroja un dato determinante: desde 2014, el gasto derivado de prestaciones sin cobertura contractual, es decir, las obligaciones pagadas por reconocimientos extrajudiciales de crédito, se ha incrementado un 240%, al pasar de 30 millones de euros a los 102,5 de hace dos años.
El documento indica que en aquel ejercicio el Consistorio zaragozano adjudicó 366 contratos por un importe de 58 millones de euros, de los que 68 se tramitaron de manera ordinaria (por 45,4 millones), 65 por procedimiento de emergencia para atender las necesidades derivadas de la pandemia y 233 fueron contratos menores.
Mientras, un "número significativo", según la Cámara de Cuentas, se mantuvieron en ejecución una vez agotada su vigencia, "sin que esta operativa tenga cobertura en las normas de contratación pública". En concreto, en 2020 se encontraban en esta situación 145 contratos, sobre todo de las áreas de Acción Social (55) y Servicios Públicos y Movilidad (23).
Además, tomando como muestra 72 de estos documentos, el informe revela que "en ninguno de ellos se daban las condiciones" para mantenerlos en el tiempo y que en 13 incluso se dieron "órdenes de continuidad para mantener la prestación" que llegaron, en algunos casos, a "modificar características esenciales del contrato como el objeto o el precio".
Por otro lado, el informe analiza el plan de choque de contratación impulsado por PP-Cs y reconoce el "esfuerzo" que se ha llevado a cabo en este caso. Pese a ello, indica que a septiembre de 2021 el 74% de los nuevos contratos seguían sin adjudicarse.
Asimismo, se encuentran "algunos incumplimientos" en la contratación de emergencia, que durante el año covid representó casi el 7% del total y que se usó sobre todo para la adquisición de material sanitario y bienes informáticos. En este caso, la Cámara de Cuentas halla dos contratos que no cumplían los requisitos que justifican la utilización de este procedimiento, mientras que en otro no se acreditó la recepción de la mercancía o el servicio en cuestión y ninguno se publicó en la plataforma de redención de cuentas de las entidades locales.
Recomendaciones
Con todo ello, el organismo ofrece una serie de recomendaciones que tienen como fin la "urgente" adjudicación de nuevos contratos. Entre ellas, reforzar los sistemas de control interno, revisar la coordinación de los centros gestores con el área y dotar a estos servicios de personal formado. En este sentido, la responsable de Hacienda, María Navarro, aseguró que ya se están siguiendo todas las indicaciones, se cuenta con un mayor número de trabajadores y se han elaborado nuevas instrucciones y distintos modelos de contratos.
Recordó que con el plan de choque que se inició en 2019 (ahora hay en marcha otro) se ha logrado regularizar el 86% de los contratos caducados, entre ellos el que gestiona la limpieza pública, recientemente adjudicado por 743 millones de euros y el que representaba un mayor volumen de convalidaciones de gasto, el 45% del total. El objetivo es que en 2023 se pueda, según la edil, reducir "casi la totalidad" del gasto por prestaciones sin un contrato en vigor. Según fuentes municipales, cuando se adjudiquen los servicios pendientes, el volumen de convalidaciones disminuirá un 93%.
"El informe reconoce que ya estábamos en ello y pide que se refuercen las medidas ya adoptadas", indicó Navarro, que como prueba de esta evolución dijo que en lo que va de 2022 se han gastado 37 millones de euros en reconocimientos extrajudiciales.
Junta de portavoces urgente
Pero sus explicaciones no convencieron al grupo municipal del PSOE, que pidió la convocatoria de una junta de portavoces urgente a la que asista el alcalde, Jorge Azcón, ante lo que consideró una "irresponsabilidad" y un "desprecio absoluto a los procedimientos legales". Su portavoz, Lola Ranera, dijo que el informe aporta una información "de extrema gravedad". "El PSOE en 2014 dejó 30 millones de euros en reconocimientos de obligación y ZEC, 53 en 2018. PP-Cs ha perdido el rumbo de la contratación", criticó la edil, que indicó que en 2020 un tercio del gasto corriente se destinó a los contratos caducados.
"Un mecanismo que debería haber sido excepcional ha sido habitual y eso es ilegal, lo decía Navarro cuando era portavoz de Hacienda en la oposición", criticó.
