El Ayuntamiento de Zaragoza ha devuelto ya 6,6 millones en recibos de plusvalía en solo cuatro meses

PP-Cs pideayuda al Estado para paliar el efecto de la sentencia del Constitucional. La recaudación del tributo arrastra un déficit de 2,4 millones en el primer cuatrimestre.

Dependencias de la Agencia Tributaria municipal en el Edificio Seminario de Zaragoza
Dependencias de la Agencia Tributaria municipal en el Edificio Seminario de Zaragoza
F. Jiménez

La sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el sistema de cálculo de la plusvalía ha generado un aluvión de devoluciones de recibos de este impuesto. En los cuatro primeros meses del año , el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha anulado o reintegrado a los contribuyentes 6,6 millones de euros en recibos de plusvalía, un fenómeno sin precedentes en la historia tributaria de la capital aragonesa. El dinero que se ha recaudado, 4,2 millones de euros, no ha podido compensar la cifra, por lo que el agujero ya alcanza los 2,4 millones de euros.

Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza dicen que esta situación, que afecta a la mayoría de los municipios, es "coyuntural" y que conforme avance el año tenderá a estabilizarse. Aclaran además que los servicios tributarios están dando prioridad a las devoluciones frente al cobro del impuesto, dado que un retraso podría suponer mayores costes por los intereses de demora. "En este momento no se está liquidando todo lo que está entrando", indicaron. A estas alturas del año hay derechos pendientes de cobro por valor de 414.133 euros, según el servicio de contabilidad municipal.

"Esperamos una solución"

Pero aunque la tendencia se invierta, el bipartito PP-Cs sostiene que el Estado no puede dejar solos a los ayuntamientos en esta coyuntura, en la que la plusvalía no ha generado ingresos. "Estamos esperando una solución por parte del Gobierno de España, no solo para lo que se está dejando de ingresar, sino para lo que se tiene que devolver", indicaron las mencionadas fuentes, que sumaron a este problema el acusado incremento de los costes de la energía y el encarecimiento de los suministros.

Fuentes municipales indicaron además que es necesario una ayuda estatal dado que los ayuntamientos todavía tardarán en beneficiarse del incremento de la recaudación de impuestos estatales por la inflación y que debería traducirse unas mayores transferencias a los entes locales.

Hay que tener en cuenta que, antes de la sentencia del Constitucional y una vez superada la pandemia, el Ayuntamiento había estimado que la plusvalía podría generar unos ingresos de 45 millones de euros. Finalmente, tras la anulación del sistema de cálculo, los servicios de Hacienda del Consistorio decidieron reducir las expectativas para este ejercicio: el presupuesto incluye 31,5 millones de ingresos por este tributo.

El dato del servicio de Contabilidad, que se conoció este viernes, llega después de que el gobierno local haya impulsado el proceso de modificación del impuesto. La ordenanza municipal que lo regula en Zaragoza debe adaptarse a las previsiones del decreto del Ministerio de Hacienda que dio cobertura legal a que la plusvalía siguiera cobrándose después de la sentencia del Constitucional.

Tal y como han venido diciendo las distintas sentencias del Tribunal Constitucional, el nuevo texto establece que no habrá que liquidar el impuesto si no existe un incremento del valor del suelo. Pero si hay que pagar se establecen dos fórmulas. Por un lado está la estimación objetiva, que tiene en cuenta el valor catastral del terreno y el tiempo que se ha generado la plusvalía. Al valor catastral se le aplica un coeficiente multiplicador por el número de años. El segundo sistema es la estimación directa, por la que se compara el valor del terreno en dos momentos diferentes (el de adquisición por el sujeto pasivo o el donante y el de transmisión).

En la ciudad, la plusvalía tiene una bonificación del 95% para la vivienda habitual en caso de herencia y se deja en el 50% la que se aplica a un segundo inmueble. Este descuento sube al 60% en el caso de que se trate de un trastero o garaje y que tenga un valor catastral inferior a 150.000 euros.

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