La tregua ha durado poco. El calendario de negociaciones abierto entre los representantes de los trabajadores del bus urbano y de la concesionaria Avanza se ha quebrado en la segunda reunión, la celebrada este jueves en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Las partes volvieron a discrepar sobre la legitimidad del actual comité, después de que un juzgado anulara las elecciones sindicales de 2016 que lo conformaron. El encuentro finalizó abruptamente y con acusaciones mutuas entre las partes de romper el diálogo.

El conflicto laboral del bus urbano, iniciado hace un año por la firma de un nuevo convenio colectivo, vivió la semana pasada un punto de inflexión con la anulación del actual comité por parte de un juzgado. El fallo propició la suspensión temporal de los paros parciales convocados para esta semana que sirvió para que las partes acordaran un calendario de negociación.

La primera reunión se celebró el martes, en una jornada maratoniana de más de nueve horas en el SAMA que sirvió para acercar posturas pero poco más. El encuentro de ayer (de 9.30 a 15.30), en cambio, estuvo marcado por las discrepancias en torno a la legalidad del actual comité.

De nuevo, las versiones son diametralmente opuestas. Desde el comité aseguran que se elaboró un documento que legitima a las secciones sindicales en la negociación. «Inicialmente Avanza estaba de acuerdo, pero ha consultado a Madrid y le ha dicho que no y ante esa situación se ha levantado de la mesa y ha roto las negociaciones», señalaron.

Desde la concesionaria, en cambio, aseguraron que «los representantes sindicales se han negado a firmar la constitución de un nuevo proceso de negociación con las distintas secciones, y han tratado de enmarcar los encuentros con la empresa en el procedimiento anterior que se mantenía con el comité de huelga». Desde Avanza reiteraron que la huelga actual es «ilegal al haber sido convocada por un comité que ha sido invalidado por sentencia judicial».

Fuentes del comité, en cualquier caso, informaron de que el próximo martes se reunirán para «decidir las medidas a adoptar» a partir de ahora.

Medidas judiciales de OSTA

Mientras, están a la espera de que se celebren unas elecciones, previstas para el 28 de febrero y sobre las que también hay discrepancias. Las irregularidades que halló el juzgado sobre el proceso de 2016 recaían sobre la candidatura de OSTA, que este jueves anunció que interpondrá medidas judiciales contra las secciones sindicales y contra el acta que el pasado lunes dictó el SAMA sobre el nuevo procedimiento electoral, ya que no fueron llamados a participar en la mediación previa.