Los cuatro exámenes bajo sospecha de amaño por las marcas tipográficas que contenían sus cuestionarios ya están en manos de la Fiscalía. El Ayuntamiento de Zaragoza trasladó este viernes los expedientes recopilados al Ministerio Público, que ahora cuenta con un plazo máximo de seis meses para investigar lo ocurrido y determinar si hay indicios de delito. En caso de que así sea, remitirá las pruebas recopiladas al juzgado. Mientras, el Consistorio está revisando todas las oposiciones celebradas en los últimos años en busca de más irregularidades.

Además, el gobierno PP-Cs está preparando una normativa interna que unifique las reglas de redacción de los cuestionarios de las oposiciones. El objetivo es evitar que en el futuro se repitan las irregularidades destapadas por la Junta de Personal la semana pasada en un examen para acceder a cuatro plazas de oficial del cementerio. Los sindicatos advirtieron que, en la parte del temario general, ocho de las diez respuestas correctas así como dos de las cinco de reserva estaban marcadas con un punto final.

Tras la reclamación, Recursos Humanos anuló las preguntas afectadas pero rehusó suspender el proceso. Sin embargo, el concejal del área, Alfonso Mendoza, acabó ordenando su paralización. El asunto no acabó ahí, porque la revisión de otras pruebas de acceso al Consistorio celebradas en los últimos años reveló tres cuestionarios más marcados.

En concreto, se encontraron anomalías en un examen de 2018 para cuatro plazas de técnico medio informático; en uno de 2019 para oficial de cementerio; y en un proceso de estabilización de empleo temporal de técnico superior sociocultural, en 2021. Ante todas estas sospechas, destapadas por los sindicatos y por los propios grupos políticos, la junta de portavoces, en reunión extraordinaria y urgente, acordó el jueves poner el caso en manos de la Fiscalía.

Inquietud en la plantilla

Será el Ministerio Público, por tanto, el que determine si hay indicios de delitos tales como descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias, los habituales en este tipo de amaños. O si por el contrario archiva las diligencias de investigación ante la falta de evidencias o por considerar que simplemente se trata de un error. Para tomar una u otra decisión, la Fiscalía puede requerir al Ayuntamiento todo tipo de documentación que sirva para arrojar luz al caso, e incluso interrogar a las personas que considere oportuno.

El caso ha trasladado el nerviosismo a la plantilla municipal. La revisión de los procesos de selección de los últimos años, las posibles consecuencias de una investigación de este tipo y las teorías sobre lo ocurrido son tema de conversación constante en los pasillos de la Casa Consistorial. Mientras, la Oficina de Recursos Humanos del edificio Seminario mantuvo ayer las puertas cerradas al público «por necesidades del servicio».

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Según fuentes del gobierno municipal, se están revisando todos los cuestionarios de las oposiciones de los últimos años. En caso de encontrar alguna otra evidencia, se incorporaría al expediente de la Fiscalía, más allá de las propias pesquisas del Ministerio Público.

Mientras, PP-Cs prepara ya una guía de estilo que fije las normas para la redacción de los cuestionarios de las oposiciones. Desde el gobierno consideran que con unas pocas pautas básicas se evitarían este tipo de sospechas.