El Estado respondió por los delitos cometidos en Zaragoza por dos presos de permiso penitenciario

Es más que probable que también tenga que indemnizar a la familiar de niño asesinado en Laredo.

El tiroteo se produjo en la calle de Monasterio de la Oliva de Las Fuentes en 2010.
El tiroteo se produjo en la calle de Monasterio de la Oliva de Las Fuentes en 2010.
Esther Casas

Es más que probable que el Estado tenga que indemnizar a la familia del niño asesinado en Lardero por un criminal que estaba en libertad condicional con el informe desfavorable de la prisión, tumbado luego por la administración penitenciaria. En Zaragoza existe el claro precedente de una víctima a la que tirotearon y apuñalaron dos hermanos que cumplían condena en el centro penitenciario de Zuera. La agresión ocurrió en el barrio de Las Fuentes en 2010 y uno de los acusados estaba en tercer grado y el otro de permiso penitenciario.

El abogado del herido, José Cabrejas, exigía desde el principio la responsabilidad patrimonial de la Administración y, aunque la Audiencia Provincial de Zaragoza se la denegó, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional sí que le concedió una indemnización de 20.000 euros por los daños y perjuicios sufridos por el joven.

En su sentencia, la Audiencia Nacional entendió que la víctima no podía quedar "desamparada" porque los "riesgos que la sociedad objetivamente debe asumir" en la concesión de permisos penitenciarios "no pueden ser soportados de manera individual por quienes resultan perjudicados por los inevitables fracasos penitenciarios". Y que, con arreglo a la conciencia social, "deben ser compartidos en virtud de un principio de solidaridad por el conjunto de la sociedad que sufraga el presupuesto público".

El tribunal recordaba que la concesión de permisos penitenciarios responde al fin último de resocialización de las penas recogido en la Constitución Española y en los compromisos internacionales asumidos por España. Los magistrados subrayaban que no estaban reprochando los fallos en los permisos ni mucho menos que fueran producto de una mala actuación profesional de los encargados de administrar la "difícil" política penitenciaria, sino que solamente creían que el riesgo que la sociedad conscientemente asume para intentar lograr la resocialización debe ser soportado por el conjunto de los ciudadanos.

Comentarios
Debes estar registrado para poder visualizar los comentarios Regístrate gratis Iniciar sesión