La Audiencia Nacional acaba de dictar un fallo que obliga al Estado a indemnizar con 20.000 euros a un joven zaragozano al que dos reclusos de permiso tirotearon y apuñalaron en el barrio de Las Fuentes en julio de 2010. Los autores de la tentativa de homicidio fueron los hermanos José Luis y Antonio Ariza López, a los que Audiencia Provincial condenó por estos hechos a sendas penas de doce y cinco años de cárcel en agosto de 2012. Pese al empeño de la víctima y de su abogado, José Cabrejas, en demostrar que la concesión de sus beneficios penitenciarios fue "manifiestamente inadecuada" y que la agresión podía haberse evitado, en ningún momento se reconoció a la Administración como responsable civil subsidiaria de lo sucedido.De ahí que ambos se muestren ahora satisfechos con una resolución que pone fin a su particular calvario judicial. Porque aunque aún cabría recurso del fallo ante el Tribunal Constitucional, no se prevé que este se produzca.

Antes de llevar su caso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (trámite que le obligó a pagar mil

euros en tasas), el tiroteado planteó una reclamación patrimonial ante el Ministerio del Interior. En su escrito, el zaragozano recordaba que resultó herido con arma de fuego en el muslo derecho, con orificio de entrada y salida en caras posterointerna y externa, con trayecto trasversal y con parálisis del nervio ciático poplíteo externo. La víctima también sufrió una herida incisa por arma blanca en fosa ilíaca derecha y trastorno por estrés postraumático. Precisó para su curación de tratamiento médico, farmacológico, rehabilitador y ortopédico, por lo que tardó en recuperarse 561 días.

Pero ni la gravedad de las lesiones sufridas por el tiroteado y apuñalado ni ningún otro de sus argumentos convencieron a la Secretaría General Técnica de Interior, que el 9 de octubre de 2014 dictó una resolución en la que rechazaba cualquier responsabilidad sobre lo sucedido y se negaba a indemnizarle. Decisión que ahora acaba de invalidar la Audiencia Nacional, reconociendo el derecho del zaragozano a percibir 20.000 euros por los daños que le causaron estos dos reclusos.

A la hora de pronunciarse, los magistrados del Alto Tribunal parten del hecho de que los permisos penitenciarios vienen avalados por la Constitución y por los compromisos internacionales asumidos por España. Pese a ello, la Sala mantiene que la política de concesión de estos beneficios penitenciarios acarrea "inevitables fracasos" y que las consecuencias de estos –como fue la agresión sufrida por el joven zaragozano– no deben ser soportadas de manera individual por aquellos que las padecen. "El riesgo que la sociedad conscientemente asume para intentar lograr la resocialización de los penados –o, cuando menos, para evitar que sus aislamiento social repercuta negativamente en su personalidad– debe ser soportado por el conjunto de los ciudadanos", afirma en su resolución la Audiencia Nacional.

"Ni mucho menos se afirma que el fracaso de un permiso es producto, por su mera existencia, de una actuación profesionalmente inadecuada por parte de los encargados de administrar la difícil política penitenciaria", dicen los jueces. Sin embargo, no pueden ocultar su sorpresa por la forma en que se concedieron los permisos a los hermanos Ariza López. En el caso de José Luis, "no se comprende", dicen, que disfrutara de un tercer grado cuando con posterioridad a su concesión se le había imputado en otra causa. Respecto a Antonio, tampoco aprueban que se le diera un permiso de seis días cuando poco antes se había introducido en la celda de otro interno para golpearle e insultarle.