Los municipios aragoneses reclaman que se compensen más de 60 millones del impuesto de plusvalía
Los ayuntamientos exigen soluciones urgentes ante la merma de ingresos que supone su anulación. La mayoría suspende la recaudación del tributo de forma temporal por la incertidumbre jurídica
El municipalismo aragonés, como el de toda España, está conmocionado. La sentencia del Tribunal Constitucional que acaba de anular el sistema de cálculo de la plusvalía amenaza con poner en jaque no solo la elaboración de sus presupuestos en 2022, sino toda la estructura de financiación local conocida hasta ahora. La merma puede ser notable: hay más de 60 millones de euros en el aire a la espera de que el Gobierno central modifique la normativa para dar certidumbre jurídica a los municipios, que exigen compensaciones ante las pérdidas, y a los contribuyentes.
A la espera de conocer en los próximos días el contenido concreto del fallo (solo se han hecho públicos los artículos anulados), el varapalo a la plusvalía no afecta a todos los municipios por igual, dado que los más pequeños en la mayoría de los casos no la cobran por su escasa actividad inmobiliaria y por no querer gravar las herencias. Pero los más importantes de Aragón sí que tienen en riesgo cifras importantes de ingresos.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estima la merma en 2.500 millones para toda España y pide que se compense con la reforma del impuesto o con un fondo específico. Ante esto, el Ministerio de Hacienda trabaja contra reloj para hacer una reforma legislativa exprés, posiblemente mediante un decreto ley que modifique el cálculo de la base liquidable para que este sea legal. Los ayuntamientos esperan que se dé una solución en días o semanas.
Si se atiende a la liquidación del presupuesto de 2019 (el último cerrado en condiciones de normalidad, dado que en 2020 las recaudaciones de plusvalía se desplomaron por la pandemia), los ayuntamientos de Aragón ingresaron 64,1 millones, de los que 57,6 corresponden a la provincia de Zaragoza. En los municipios de Huesca, el impacto fue de 5 millones, y en los de Teruel, de 1,4.
Efecto "devastador" en las arcas
El ayuntamiento más afectado es el de la capital. En 2019, percibió 53 millones, cifra que en 2020 se desplomó hasta los 31 por la pandemia. La previsión del Consistorio zaragozano es alcanzar los 45 millones el próximo ejercicio. Al igual que la mayoría de los municipios aragoneses, ha suspendido la recaudación (la sentencia no anula el impuesto, sino su sistema de cálculo) ante la incertidumbre jurídica y para evitar reclamaciones que agraven más la situación en el futuro.
La concejal de Hacienda, María Navarro, habla de un efecto "devastador". "No sabemos lo que va a hacer el Gobierno. No podemos liquidar, ni resolver, ni recaudar", afirma. Para que no corran los plazos y no perjudicar al contribuyente, la liquidación está suspendida, pero los ciudadanos deben presentar una declaración con los detalles de la transmisión.
El Ayuntamiento de Huesca recauda alrededor de 1,5 millones por este concepto, un 2,9% del presupuesto. También en la ciudad se ha suspendido la recaudación. El concejal de Hacienda, José María Romance, dice "estar a la espera, primero de conocer la integridad de la sentencia y, posteriormente, de ver qué medidas se proponen desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda". En Teruel, la decisión compromete 800.000 euros, un ingreso "fundamental" para el Ayuntamiento. Pese a la gravedad de la situación, el Consistorio turolense no paralizará la tramitación de los presupuestos de 2022.
Segunda residencia y turismo
Después de las tres capitales de provincia, Jaca es con diferencia el municipio en el que el impacto es mayor. Esperaba llegar a cobrar entre un millón y 1,2 millones de euros este año. Algo lógico para una población con un importante peso de la segunda residencia y un mercado inmobiliario de segunda mano muy activo. Ya se llevaban obtenidos unos 800.000 euros.
El agujero también podría ser elevado en Utebo, 575.000 euros, la cantidad prevista en este ejercicio y que supone el 2,7% del presupuesto. Alcañiz se juega más de medio millón de euros que ya habían entrado en las arcas, y que representan el 3,5% de un presupuesto de 14 millones.
En esta misma cuantía se mueve La Muela, aunque su regidor, Adrián Tello, no se muestra preocupado. Explica que las cuentas "están saneadas con unos cinco millones de remanente" y solo con la licencia de las obras del gran almacén de Amazon el Ayuntamiento se ha embolsado unos 700.000 euros. En Andorra, las plusvalías suponen unos 10.000 euros, pero el problema del municipio es que desde que cerró la central de Endesa han dejado de ingresar 2,7 millones de euros.
El hachazo alcanzaría los 490.000 euros en Cuarte y los 430.000 en Ejea de los Caballeros. La alcaldesa ejeana, Teresa Ladrero, demanda "compensaciones". En Calatayud, el cobro está suspendido y por tanto están en juego 350.000 euros. "Esto pone encima de la mesa una vez más el desaguisado de la financiación local", dijo su alcalde, José Manuel Aranda. Actualmente, el servicio de gestión de la DPZ tiene delegada la recaudación del impuesto de plusvalías en 42 pequeños municipios de la provincia, que el año pasado liquidaron 1,5 millones.
(Con información de L. Rajadel, I. Gª. Macías, J. Zorraquín, L. Zamboraín, Á. Gayúbar, J. L. Pano y P. Puértolas)
