Riesgo de fuga, falta de arraigo y la gravedad del hecho, motivos para mandar a prisión al agresor del inspector

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza, Natividad Rapún, no tuvo ninguna duda este miércoles a la hora de enviar a prisión provisional a Bilal M., de 29 años, como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y otro de lesiones causadas a un inspector de Policía que le pidió que se colocara bien la mascarilla cuando ambos iban en un autobús urbano.

A petición de la Fiscalía y de la acusación particular, ejercida por la abogada Pilar Sangorrín, la magistrada tomó la decisión de privarlo de libertad por el peligro de fuga del detenido, como ya lo demostró al huir de la capital aragonesa al saber que estaba siendo buscado por la Policía, esconderse en Alicante y comprar un billete a Milán (Italia).

El segundo motivo argumentado es la gravedad de la pena que le pueden acarrear los delitos: atentado, castigado con entre uno y cuatro años de cárcel, y lesiones, cuya gravedad (y pena) vendrán determinada por el tratamiento que precise la víctima y las secuelas, si las tiene. El funcionario está todavía de baja y tiene fuertes dolores de cabeza producto de los repetidos puñetazos en la cara y el golpe en el cuello al tirarlo contra el borde del asiento del bus.

Al término de la declaración, la letrada de la víctima explicó que el imputado reconoce que agredió al policía y que incluso llegó a pedir "perdón" ante la juez, aunque justificó su violenta reacción a que iba "borracho" y a un "incidente previo", consistente en dos empujones, hecho que no se ve en el vídeo de la agresión.

Por esa razón, el abogado defensor de Bilal M., Ignacio Sarraseca, informó de que ha solicitado a la magistrada que pida las grabaciones del interior del autobús. No obstante, como apuntó Pilar Sangorrín, hay testigos de los hechos que declaran que la actitud del policía fue en todo momento correcta y no existió ese incidente previo.

El abogado defensor reclamó la puesta en libertad de su cliente –con fianza, retirada del pasaporte y presentación periódica en el juzgado– porque mantiene que no cree que cometiera un delito de atentado y que puede ser unas "simples lesiones", de no ser por la "repercusión mediática" del caso. A su juicio, lo que ocurrió podría equipararse a "cualquier pelea" en la "puerta de un bar".

El letrado manifestó que Bilal M. no tenía intención de huir y que si se marchó a Alicante fue por "miedo". El billete a Milán que le encontraron lo atribuyó a un "mal asesoramiento" de los abogados con los que contactó en Alicante. Además, para demostrar que Bilal M. no pensaba eludir la Justicia y tiene arraigo en España presentó una oferta de trabajo de una empresa de construcción con fecha 1 de octubre. Recordó que el arrestado lleva once años en España, siete de ellos en Zaragoza, y que tenía permiso de residencia hasta 2019.

Los esfuerzos del abogado no tuvieron los resultados esperados y la magistrada consideró que es preciso "garantizar la presencia" del investigado ante los tribunales "puesto que ya ha dado muestras claras de su voluntad de huir". Añade en su auto que "no consta" que su situación en España sea regular ni existen datos de su arraigo personal en el país "más allá de sus interesadas manifestaciones de parte", en referencia a la propuesta de trabajo presentada por su abogado. "Todo ello refuerza la presunción de que, quedando en libertad, abandonaría el territorio nacional haciendo imposible ser juzgado por los delitos que ahora se le imputan", manifiesta la magistrada.

El investigado reconoce la agresión 

A su juicio, es necesario señalar que los hechos revisten especial gravedad "vista la violencia absolutamente gratuita desplegada por el investigado y el desprecio con que trató en todo momento a un miembro del Cuerpo Nacional de Policía debidamente identificado". Natividad Rapún califica de "precipitada" la conclusión del abogado de Bilal M. de que su cliente podría ser autor de un simple delito de lesiones leves, "cuyo alcance y duración se desconoce a día de hoy". No pasa por alto que el imputado ha reconocido la agresión, aunque resalta que antes trató de "poner en duda la correcta conducta observada por el inspector agredido mientras era víctima de insultos amenazas y vejaciones de todo tipo".

Bilal M. no solo fue interrogado por el suceso de Zaragoza, sino también por un presunto robo cometido en Ibiza. Además, en su historial consta una orden de expulsión del espacio Schengen por otro presunto delito cometido en Noruega.

En los pasillos del juzgado se encontraba Ángel Mena, secretario provincial del SUP, sindicato al que pertenece el inspector. Mena señaló que ahora es "el tiempo de la Justicia y los abogados". "Seguiremos luchando en defensa de los intereses de los policías nacionales y agradecemos el apoyo mostrado por la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano", que estuvo presente en las  protestas de la Policía Nacional y la Policía Local llevadas a cabo en Zaragoza.