El PSOE amenaza con llevar a los tribunales Pontoneros y las ayudas a la concertada

El PSOE del Ayuntamiento de Zaragoza anunció este jueves que está dispuesto a acudir a los tribunales para frenar algunos de los proyectos que está impulsado el gobierno PP-Cs. La controversia más inmediata está vinculada a las ayudas a la educación concertada, que los socialistas consideran que discrimina a los alumnos de colegios públicos. Pero, además, anunció que ya está estudiando los pliegos de condiciones para convertir el viejo cuartel de Pontoneros en residencia universitaria, para decidir si opta por la misma vía. El bipartito ya avisó de que no piensa dar marcha atrás en ninguna de las dos iniciativas.

La portavoz socialista, Lola Ranera, defendió que la educación concertada reciba ayudas del Ayuntamiento, pero advirtió que las bases aprobadas el 20 de mayo en el patronato de Educación son discriminatorias. Explicó que el Consistorio no aporta becas para los niños en situación de vulnerabilidad de la educación pública, sino que financia las actividades extraescolares a través del Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIIE), que en su opinión no son programas equiparables. Dijo que tampoco tienen acceso a ayudas para adquirir material informático, como sí se ha previsto para los alumnos de la concertada.

Dispositivos electrónicos

Por este motivo, ha presentado una moción en la que se pide que se dé acceso a las citadas becas también a los alumnos de la pública que estén en una situación de vulnerabilidad o exclusión. Por otro lado, reclama no dar dinero para la compra de ordenadores y tablets, dado que según sus datos el Gobierno central ha distribuido 11.200 dispositivos electrónicos, 5.800 en Zaragoza, de los que 1.600 han acabado en los concertados. Ranera defendió que, "al estar esas necesidades cubiertas", ese dinero se destine a actividades extraescolares. Si el gobierno PP-Cs tumba la moción, el PSOE irá a los tribunales. "Los niños vulnerables tienen derecho a acceder a cualquier beca o ayuda, independientemente de dónde estudien", dijo Lola Ranera.

Ante la amenaza de la vía judicial, la portavoz del PP y concejal de Hacienda, María Navarro, avisó de que "este gobierno municipal no obedece a chantaje". "Las becas a la educación concertada las llevamos en nuestro programa electoral. Este gobierno ya apoya a la educación pública y este año hemos incrementado el presupuesto de los PIIE", declaró.

"Son centros sostenidos con fondos públicos", recordó Navarro, que insistió en que el gobierno municipal ha trabajado durante meses con las asociaciones de la concertada y los sindicatos para cerrar estas ayudas. "Invito al PSOE a conocer el fondo del asunto, a hablar con los centros", declaró Navarro.

Pero no es el único frente que abre el PSOE. La sociedad municipal Zaragoza Vivienda aprobó los pliegos de condiciones para la rehabilitación del edificio de Pontoneros, que se sustenta en un derecho de superficie por 75 años, periodo durante el cuál una empresa podrá explotar el inmueble como residencia universitaria. A cambio, asumirá los costes de la rehabilitación, valorados en 16 millones.

Derecho de superficie

El edil socialista Horacio Royo expuso sus dudas respecto a la legalidad del proyecto, dado que en su opinión un derecho de superficie solo es posible para proyectos de vivienda pública o una finalidad social, como una residencia de titularidad municipal. Sostuvo que el Ayuntamiento obtendrá "2.400 euros al mes" por los dos edificios, una cifra que tachó de "ridícula". "Este proyecto perjudica el interés público», concluyó Royo, que avisó de que su grupo ya está analizando la vía judicial, que se podría concretar en las próximas semanas.

Respecto a este asunto, Navarro acusó al PSOE de "boicot". Replicó que la residencia universitaria tiene un fin social y recordó el convenio con la Universidad de Zaragoza para alojar allí a investigadores. "Vamos a seguir adelante. A lo nuestro, a gobernar y a cumplir", declaró.