La Fiscalía pide 62 años de cárcel para los presuntos creadores de una red de prostitución de inmigrantes en Zaragoza

La Audiencia de Zaragoza juzgará el próximo lunes a diez personas, cuatro hombres y seis mujeres, como presuntos miembros de una red que obligaba a prostituirse en la capital aragonesa a mujeres colombianas de escasos recursos. Según el ministerio público, que solicita penas de cárcel que suman un total de 62 años, la organización no solo obtenía rédito económico de la explotación sexual de las inmigrantes, sino también a través de la «promoción del consumo de estupefacientes», sobre todo cocaína. Para ello habrían usado a las mujeres captadas para que, además de prostituirse, vendieran a los clientes sustancias estupefacientes, «obligando también a las mismas a consumir» durante los encuentros sexuales.

El grupo criminal estaría organizado en cuatro grandes ramas. Por un lado, los que ejercían labores de gestión y logística. Por otro, existían personas que vigilaban y controlaban a las mujeres en cada uno de los pisos. En otro nivel estarían varios encausados que trasladaban a las mujeres y las vigilaban en lugares donde se acordaban citas. Una última ramificación del negocio blanqueaba las ganancias, bien mediante el envío de dinero a terceras personas o a través de la compra de bienes inmuebles.

Al llegar a Zaragoza, la banda informaba a las mujeres de que habían contraído una deuda por las gestiones para traerlas a España en calidad de turista, un montante que se les obligaba a satisfacer mediante la prostitución.

Las mujeres eran sometidas a jornadas «extraordinariamente largas» y debían ingresar el dinero de los clientes en unas cajas de caudales que tenían asignadas, anotando en una libreta todos los servicios sexuales que prestaban. Dichas huchas estaban cerradas con llave y eran los encargados de los pisos quienes disponían de acceso y decidían la cantidad que les entregaban.

Las mujeres eran sometidas a un control y vigilancia constantes a través de cámaras de grabación. Además, debían pedir permiso para salir a la calle a los controladores del inmueble, que casi siempre les obligaban a marchar acompañadas. Los servicios sexuales eran organizados directamente por los regentes de cada piso. El reparto de los beneficios de la prostitución era variable, oscilando entre el 40 y el 60% como máximo para las ciudadanas colombianas. Muchas de ellas se vieron privadas de su pasaporte y otros documentos hasta que satisfacían la supuesta deuda.

Distintos delitos

Los envíos de dinero a Colombia mediante los que se blanqueaban capitales iban a nombre de una misma persona, Diego S. R., que servía de captador y enlace en el país. Además, en el registro del domicilio de uno de los encausados, Brayan J. R., se encontraron todo tipo de drogas, con un valor en el mercado de 1.907 euros.

A los acusados se les imputan diferentes delitos, tales como trata de seres humanos, prostitución coactiva, favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de drogas, así como blanqueo de capitales. Las defensas de los procesados piden la libre absolución de sus clientes.