El PP, Cs y Vox destinan 40 millones de remanente a Avanza y FCC entre críticas de la oposición
Navarro esgrime un informe del tesorero para justificar la medida mientras el PSOE, ZEC y Podemos piden ayudas directas.
En un clima de gran tensión, el gobierno PP-Cs, con el apoyo de Vox, aprobó este martes la modificación presupuestaria necesaria para destinar gran parte de los 40,5 millones de euros de remanente de 2019 al pago de facturas pendientes de las dos principales contratas, FCC y Avanza. La decisión suscitó polémica, dado que la oposición de izquierdas consideró que este dinero se podría haber utilizado para dar ayudas directas a los colectivos más afectados por la crisis, como comerciantes, hosteleros, taxistas y trabajadores del sector de la cultura.
El Consistorio desembolsará con cargo a los ahorros del año pasado 2,6 millones de euros que se corresponden con inversiones no ejecutadas y que irán a amortizar deuda. Además, 37,9 millones servirán para atender facturas pendientes de pago de FCC (31,2 millones) y Avanza (6,7). Para la concejal de Hacienda, María Navarro, no cabe otra opción.
La responsable municipal explicó que la suspensión de las reglas fiscales por parte del Ministerio de Hacienda no afecta al pago de las facturas sin consignación presupuestaria (la denominada cuenta 413 en el argot contable municipal), categoría en la que encuadró los 37,9 millones que percibirán FCC y Avanza. Tampoco en el caso de los 2,6 millones, al tratarse de un tipo de inversión que por norma debe ir a reducir deuda si no se gasta a tiempo.
Se apoyó en el informe del tesorero municipal, que sustenta esta posición. "Han querido politizar este asunto, solo quieren hacer ruido mientras el gobierno cumple con la legalidad", declaró. Además, recordó que ninguno de los colectivos a los que la oposición quería facilitar ayudas directas ha presentado alegaciones, salvo el sector cultural.
Mientras, PSOE, ZEC y Podemos esgrimieron el hecho de que el interventor había admitido el debate y votación de sus enmiendas a las modificaciones presupuestarias para evidenciar que sí era posible que los 40,5 millones hubieran tenido otro destino. El debate fue bronco. La izquierda dijo que Navarro "mentía" y que al gobierno "les importaban un pimiento" los colectivos afectados por la crisis, dado que solo defendía a las grandes empresas. Fernando Rivarés, de Podemos-Equo, les acusó de comportarse como el señor Scrooge del ‘Cuento de Navidad’, que "se reía de las personas pobres y su sufrimiento", mientras que Alberto Cubero (ZEC) interpelaba al portavoz de Vox para que se abstuviera y tumbara la modificación.
Navarro achacó la medida a las deudas heredadas tras 16 años de gobiernos de izquierdas y les acusaba de "tener la cara de cemento armado". Atacó su "demagogia" y lamentó que se les acuse de "insensibilidad". Recordó el plan de rescate fiscal, con bonificaciones para los citados sectores.
El PSOE habla de "presiones"
El debate tuvo un momento de máxima tensión cuando la edil del PSOE Ros Cihuelo acusó al gobierno de haber "presionado" a distintos colectivos para evitar que presentaran alegaciones, sin dar nombres. Esto indignó a María Navarro y, sobre todo, a la edil de Cs Carmen Herrarte. Pese a que Cihuelo no nombró a Herrarte, esta se dio por aludida. Llegó a decir que Cihuelo le acusaba de un delito y que su "honra" quedaba afectada. Las dos le exigieron que se retractara, algo que al final Cihuelo hizo para poder insistir en su mensaje de que no había obligación legal de pagar a FCC y Avanza.
Sin noticias del presupuesto
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Zaragoza sigue sin presupuesto y ni siquiera tiene previsto un calendario de tramitación. Una vez más, ante las preguntas de la oposición, la concejal de Hacienda, María Navarro, no avanzó ni las grandes cifras ni un fecha aproximada para su presentación. El motivo es que sigue sin estar claro el escenario de los ingresos, a la espera de que el Gobierno central defina los criterios de reparto de las ayudas al transporte o el plan de fondos estatales incondicionados para los municipios.
A preguntas de ZEC y Podemos-Equo, Navarro no dio fechas. Se limitó a decir que la ley de capitalidad obliga a aprobar en primer lugar el presupuesto en el seno del gobierno municipal para después pactar en comisión el calendario de comparecencias y de aprobación. Con 15 días de alegaciones para los grupos y otros 15 de exposición pública, el presupuesto debería estar prorrogado al menos hasta febrero, aunque Navarro no aclaró cuándo está previsto aprobar las cuentas en el pleno.
En cualquier caso, restó importancia al retraso, dijo que los gobiernos anteriores tampoco aprobaron el presupuesto a tiempo y sostuvo que ningún colectivo se verá afectado. Alberto Cubero, de ZEC, criticó la demora, así como que en su opinión el gobierno ya haya elegido a Vox como socio. Fernando Rivarés, de Podemos-Equo, exigió un borrador con el que poder abrir una negociación.
