Desaparición de 361 botellas de un alijo en Zaragoza: la juez exonera a 2 policías pero no a sus mandos

La juez que investiga a cuatro policías nacionales por la desaparición de 361 botellas de primeras marcas y  319 prendas de ropa, complementos y perfumes procedentes de dos alijos y que se guardaban en un calabozo de la Jefatura Superior de Aragón decidió este lunes exonerar a dos de ellos. En concreto, a los agentes de la escala básica J. M. H. M. y M. D. C., quienes, según la Fiscalía y el sindicato Jupol, personado como acusación particular a través del abogado Marco Antonio Navarro, se habrían limitado a "obedecer órdenes" de los otros dos encausados: el inspector jefe de la Brigada Móvil y Seguridad Ciudadana, E. G. B., y el responsable del Grupo de Hurtos, subinspector J. R. A. P., contra los que se mantienen los cargos como presuntos autores de un delito de  malversación.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza citó ayer a las partes para celebrar la vista que exige el procedimiento del jurado, ya que el delito que se investiga obligaría a celebrar un juicio ante un tribunal popular y no uno profesional. Los cuatro encausados estuvieron presentes, pero los dos funcionarios exonerados pudieron abandonar la sala en cuanto las partes confirmaron que no  recurrirán el sobreseimiento respecto a ellos.

Las defensas, a cargo de los letrados Enrique EstebanPendas y Pilar Sangorrín, consideran que, tras más de un año de pesquisas, tampoco hay pruebas que permitan acreditar que los mandos investigados se apropiaron de parte del alijo. De hecho, han pedido nuevas pruebas y volverán a intentar su exoneración.

El abogado de E. G. B. insistió en que todo apunta a una  «encerrona» para inculpar a estos funcionarios. «Ellos se limitaron a trasladar lo que había en el calabozo de Jefatura a  la comisaría de Mayandía, como pidió el jefe superior de Aragón en una reunión, pero les quieren responsabilizar de los objetos que faltaban desde mucho antes», dice el letrado Enrique Esteban Pendas.

Cabe recordar que la investigación se inició a raíz de un anónimo recibido en la Jefatura Superior de Aragón el 9 de septiembre de 2019, en el que alguien alertaba de la presunta sustracción de cientos de botellas premium y otros objetos que estaban precintados y a disposición judicial. Tras una serie de pesquisas a nivel interno, el Cuerpo Nacional de Policía decidió poner el asunto en manos de la Justicia para que depurar posibles responsabilidades penales. Los cuatros investigados llevan más de un año suspendidos de empleo y sueldo, pero los ahora exonerados podrían solicitar próximamente el dinero que han dejado de percibir. Eso sí, el expediente disciplinario todavía no se ha cerrado.

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