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tribunales en zaragoza

El cannabis del invernadero de Tauste era legal, pero dos de sus dueños irán a prisión

La Audiencia no puede probar que las plantas superaran el límite legal de 0,2 % de THC.Condena a 2 de los 7 acusados por ocultar 340 kg de cogollos en un falso techo.

Los acusados, durante el juicio celebrado en la Audiencia de Zaragoza.
Los acusados, durante el juicio celebrado en la Audiencia de Zaragoza.
HA

La Audiencia de Zaragoza acaba de zanjar la causa abierta contra el invernadero de cannabis industrial de Tauste condenando a dos de sus dueños a sendas penas de cuatro años de prisión, a las que habrá que sumar otros dos millones de euros en multas. El castigo es muy inferior al que solicitaba la Fiscalía (54 años de cárcel y 37 millones de euros), ya que el tribunal absuelve a los otros cincos encausados. Sin embargo, todo apunta a que el asunto llegará hasta el Supremo, ya que el tribunal castiga a los dos máximos responsables de la mercantil Unión Verde pese a reconocer que la plantas que cultivaban junto a la A-126 eran legales. Y lo hace, dice la sentencia, porque estos ocultaron 340 kilos de cogollos de marihuana en un falso techo para evitar que fueran destruidos junto al resto de la plantación.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Guardia Civil (Edoa) comenzó a investigar la actividad del único invernadero de cáñamo industrial de Aragón en el verano de 2018, cuando, tras una serie de robos violentos dentro de las instalaciones, un vigilante de seguridad sospechó que en aquella enorme finca de 12 hectáreas se podría estar gestando un negocio ilegal. Los dueños de la sociedad, entre los que se incluyen varios holandeses, aseguran que usaron siempre semillas certificadas por la UE para no superar el límite legal del 0,2% de THC (tetrahidrocannabinol o principio activo de la marihuana). Sin embargo, las primeras muestras analizadas en el laboratorio de la Delegación del Gobierno rebasaron este porcentaje, lo que llevó al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ejea a ordenar las destrucción de tonelada y media de plantas y a abrir diligencias penales contra los socios y varios empleados del invernadero.

La defensa, a cargo del abogado José Cabrejas, cuestionó desde el principio la fiabilidad de los resultados del laboratorio de Zaragoza, ya que las mismas muestras obtenidas por la Benemérita fueron enviadas después a analizar a Madrid y arrojaron porcentajes de THC muy inferiores. La disparidad de conclusiones llevó a los acusados a encargar una pericial externa, que concluyó que ninguna de las plantas examinadas superaba el límite legal de 0,2% de THC. Esta era la cuestión sobre la que pivotaba todo el caso, de ahí que las partes dieran especial importancia durante el juicio al interrogatorio de los técnicos que examinaron las muestras.

Y ¿cuál es la conclusión a la que finalmente ha llegado el tribunal presidido por el magistrado Miguel Ángel López del Hierro? El fallo dice textualmente lo siguiente: "No podemos afirmar que las plantas incautadas pudieran ser destinadas a un destino distinto al meramente industrial de obtención de cáñamo, pues no podemos concretar que el porcentaje de THC fuera superior a 0,2%". Es decir, los análisis no fueron suficientemente concluyentes y no ha quedado acreditado que el cannabis que se ordenó destruir fuera ilegal. Y este es sin duda el argumento al que se aferrará la defensa para impugnar la sentencia. "Acreditado que la plantación es legal no cabe condena de ningún tipo", decía este lunes el abogado de los investigados.

25 sacos de plástico en el techo

A la hora de justificar la condena contra Juan José L. M., administrador de Unión Verde, y de Paul B. K., uno de los socios con mayor peso en la gestión del invernadero, la Audiencia Provincial dice que ambos «se habían puesto previamente de acuerdo para guardar y ocultar los 340 kg de cogollos en el falso techo de la vivienda» que había dentro en las instalaciones. De hecho, la Guardia Civil los encontró allí cuando fue a ejecutar la orden del juez de destruir toda la plantación.

Como recuerda la sentencia, los cogollos estaban "debidamente limpiados y depositados en recipientes que facilitaban su conservación": 25 sacos de plástico negro de gran tamaño, aluminizados y perfectamente y sellados. Para los magistrados, el objetivo de colocar allí los cogollos era evidente, impedir que fueran triturados junto al resto del cannabis.

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