Un detenido y 19 desalojados en un edificio de la avenida de Goya okupado desde hace 11 años

Una puerta de seguridad de gran grosor selló este jueves, a primera hora de la mañana, la entrada al número 91 de la avenida de Goya, un edificio de viviendas de cinco alturas en el corazón de la capital aragonesa que se ha mantenido okupado durante los últimos once años. La autoridad judicial transmitió el miércoles al heterogéneo grupo de personas que residían allí que debían abandonar el inmueble y que, de no hacerlo, los agentes procederían al desalojo. Alrededor de una decena, según fuentes oficiales, decidió marcharse desde un primer momento, mientras que los 19 restantes esperaron a la llegada de la Policía Nacional, que antes de las 9.00 de este jueves se presentó en la parte final de la citada vía, casi en la intersección con la avenida de Valencia.

La veintena de desalojados no ofrecieron resistencia, por lo que la intervención de los más de cincuenta funcionarios resultó pacífica y concluyó sin ningún tipo de incidente. Sin embargo, la actuación sí se saldó con un detenido, al que se le imputa un delito de falsedad documental por presentar a los agentes un carné de identidad fraudulento. Además, otro de los miembros de la comunidad okupa, un varón que no portaba ningún tipo de identificación, fue llevado hasta comisaría y puesto en libertad después de que se pudiera certificar su identidad.

El grupo de desocupados es muy diverso. Lo integran personas que rondan la edad legal de jubilación, pero también jóvenes con estética antisistema que no llegan a la treintena y, sobre todo, personas de entre 40 y 50 años. Las viviendas cambiaban de manos a menudo, pasando por ellas personas procedentes de comunidades cercanas como La Rioja, Navarra y Cataluña, y de otras como Andalucía. También han dormido en su interior zaragozanos e inmigrantes africanos y sudamericanos.

En una de los casas del bloque había encontrado techo una familia con tres hijos, dos de ellos menores de edad. Los servicios sociales del Ayuntamiento han constatado que se van a realojar con unos familiares, aunque les ofrecerán "una vivienda de emergencia en caso de que vuelvan a quedarse en la calle".

El Consistorio también ha procurado una solución para los perros que compartían espacio con sus dueños en el número 91 de la avenida de Goya. "Se ha encargado de recogerlos una empresa privada que, casualmente, es la misma que gestiona la recogida de animales para el Ayuntamiento. Pero en esta ocasión no lo ha hecho como un servicio al Consistorio. De momento, los perros los custodiará esta empresa, que mañana se pondrá en contacto con el Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) para ver qué se hace con ellos", explicaron fuentes oficiales.

Calma y "algo de guerra"

Varios curiosos se agolpaban por la mañana frente al inmueble alertados por los más de doce furgones policiales y el medio centenar largo de agentes que acompañaban a la comitiva judicial. De camino al trabajo o a comprar el pan, los vecinos comentaban la trayectoria del edificio, en el que siempre ha habido "un gran trajín de gente que iba y venía" y que ha intercalado momentos de calma con otros en los que había "algo de guerra".

En concreto se refieren a la agresión de dos antiguos okupas que golpearon a otro que pretendía acceder a la casa en la que dormían para compartirla con ellos, el pequeño incendio que se declaró en una de las alturas y otras actuaciones policiales motivadas por un reguero de denuncias de los residentes del entorno.

Proyecto de obra

El edificio, construido en 1944, tiene una superficie total de 1.683 metros cuadrados y da cabida a 21 viviendas de entre 57 y 66 metros cuadrados, además de tener hueco para un ascensor. En la planta baja también hay espacio para tres comercios, uno de ellos, una antigua pescadería cerrada hace más de tres lustros, servía de cobijo a uno de los okupas.

En el años 2015, la propiedad del bloque presentó un estudio de detalle para derribarlo y, posteriormente levantar y comercializar un nuevo edificio de ocho alturas. Urbanismo aprobó el plan, pero desde entonces el propietario no ha pedido la pertinente licencia de derribo para comenzar con los trabajos.

Según apuntan los vecinos de la zona, los propietarios hace años incentivaron la salida de las personas que vivían en alquiler. Durante años solo quedó un inquilino, que incluso llegó a convivir durante un tiempo con los okupas.

"Pensamos irnos a otros pisos abandonados aquí al lado"

Tomando un café en el bar de la acera de enfrente, observando con total estoicismo las labores de los operarios que remataban el encaje de la puerta de seguridad, dos okupas de mediana edad del inmueble comentaban la dirección de sus próximos pasos. "No nos vamos a marchar muy lejos, pensamos irnos a otros pisos que están aquí al lado y que también están abandonados. La ciudad está llena de casas sin dueño o de dueños que se han olvidado de que tienen casas sin usar", apuntaba uno de ellos, que prefirió no revelar su nombre ni la dirección exacta a la que piensa mudarse. "Si nos van a echar también de ahí, al menos que tarden", añadió.

Entre broma y broma con la camarera de origen chino del establecimiento, los dos residentes de la avenida de Goya asumían su nueva situación mientras echaban cuentas del tiempo que llevaban cobijándose en el número 91: entre nueve meses uno y dos años el otro. Los residentes del edificio okupado, afirmaban, se refugiaban en él "porque no hay forma de encontrar trabajo", más allá de "la chatarra y alguna cosa puntual".