zaragoza
Absuelven al joven que agredió a un policía nacional en una clase de salsa en Zaragoza
El agente estaba fuera de servicio, pero los hechos se llegaron a investigar como atentado, delito que conlleva prisión.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza acaba de absolver a Carlos B. M., el joven que fue detenido el pasado mes de febrero por agredir a un policía nacional fuera de servicio durante una clase de salsa y bachata a la que ambos asistían en el Hotel Hiberus de Zaragoza. Como informó entonces este diario, pese a que el agente se encontraba fuera de servicio y disfrutando de su tiempo libre, el joven detenido fue investigado por atentado a la autoridad y no por un delito leve de lesiones. Aquello significaba que en lugar de a una simple multa podía enfrentarse a una pena de hasta tres años de prisión. Sin embargo, la defensa, a cargo de Marina Ons, logró que el asunto se reconvirtiera en delito leve durante la fase de instrucción. Ahora, gracias a un acuerdo extrajudicial, ha obtenido la absolución de su cliente.
Pero, ¿por qué el altercado se investigó al principio como atentado? El Código Penal exige que el agente agredido se encuentre "en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas". Y aunque el instructor tenía claro que el denunciante no estaba de servicio sino disfrutando de su tiempo libre con un grupo de amigos, no pudo descartar inicialmente que el investigado tratara de vengarse de él por alguna actuación policial.
Cuando declaró en comisaría, el denunciante dijo que este joven le soltó un tortazo en la cara tras llamarlo "puto policía". Cuando le tomaron declaración, dijo no saber ni por qué le había golpeado ni cómo sabía que era miembro del Cuerpo Nacional. Eso sí, aclaró que él está destinado en una oficina de denuncias y tramitación de detenidos y no podía descartar que alguna vez hubiera tenido que tratar con él.
Sin embargo, ni el denunciante –que por aquel "tortazo" acreditó 31 días de baja– ni el agresor se presentaron finalmente al juicio, lo que ha propiciado una sentencia absolutoria. Eso sí, previamente, las partes alcanzaron un acuerdo económico por el que el denunciado ha pagado 1.800 €.
