Azcón y otros 30 alcaldes exigen que el fondo de 5.000 millones llegue a todos los municipios por criterio poblacional

Los municipios se blindan contra el pacto de Hacienda. 31 alcaldes de ciudades grandes y pequeñas han participado este martes en un encuentro telemático para mostrar su frontal rechazo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y para exigir que el acceso al fondo estatal de 5.000 millones de euros con el que tratar de frenar los efectos de la crisis del coronavirus no esté condicionado a la entrega de los remanentes, sino que se reparta por criterio poblacional. Consideran que el real decreto no saldrá adelante durante su tramitación en el Congreso de los Diputados, pues el PSOE parece haberse quedado ya sin ningún respaldo político, y piden que se tramite otro a la mayor brevedad posible que incluya todos los puntos con los que sí están conformes. Así, la rebelión de los alcaldes ha vuelto a marcar músculo para ser escuchados y lograr lo que, en palabras de regidor de Zaragoza, Jorge Azcón, es "justo para todos".

El regidor ha considerado que el encuentro digital de esta mañana ha sido "histórico". "No hay precedentes de tantos alcaldes y partidos que se hayan puesto de acuerdo" para defender un mismo objetivo. En la reunión han participado, además de Azcón, los primeros ediles de Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Gerona, Granada, Lérida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Orense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Tarrasa, Teruel, Torrelavega, Valencia. Todos ellos han suscrito un documento con sus reivindicaciones, en el que expresan que, a su juicio, los criterios de distribución del fondo "no son justos ni solidarios" y constatan "la ausencia de mayoría suficiente para convalidar el decreto".

En concreto, estas ciudades, entre las que hay 24 capitales de provincia, aglutinan alrededor de 11 millones de habitantes y representan 14 partidos distintos, de posiciones ideológicas en ocasiones muy enfrentadas. Esta disparidad de formaciones políticas da cuenta de que, tal y como se evidenció el lunes durante la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Ejecutivo central parece haberse quedado sin apoyos suficientes para sacar adelante el pacto. Incluso su socio al frente del Gobierno, Unidas Podemos, ha expresado su rechazo a este controvertido sistema de distribución. Si, como parece, finalmente no sale adelante, ha recordado Azcón, también decaerán otros aspectos del acuerdo, como el fondo para paliar el agujero provocado por el acusado desplome de viajeros en el transporte público que se registró durante el confinamiento y que todavía, en mayor o menor medida, se arrastra.

Por ello, según ha apostillado el alcalde zaragozano durante su comparecencia, en la que ha actuado como portavoz, demandan que se firme "un real decreto exprés" que refleje todo aquello en lo que la "inmensa mayoría" sí está de acuerdo. Sobre todo, piden que el reparto de los 5.000 millones sea "justo e igual para todos", independientemente de los ahorros y de la situación económica de cada municipio, y que se base en el número de habitantes. Con esto, la capital aragonesa tendría acceso a aproximadamente 71 millones, y no a "ni un solo euro de ayudas", como pasaría si el actual acuerdo, por el que los ayuntamientos deben prestar sus remanentes (de los que la capital aragonesa no dispone) para poder acceder al fondo, saliera adelante.

Además, el supuesto decreto incluiría el fondo para el transporte urbano, la ampliación del plazo de las inversiones financieras sostenibles y la eliminación de la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para 2020 y 2021. Al mismo tiempo, los alcaldes indican en el texto que "se deben renegociar las medidas que son rechazadas por una amplísima mayoría para alcanzar un acuerdo satisfactorio".

Acudirán al Congreso

Con todo, Azcón ha anunciado que los alcaldes acudirán el día de la votación del decreto al Congreso de los Diputados para expresar presencialmente su frontal rechazo al pacto entre Hacienda y la FEMP. Todavía no hay una fecha prevista, pero no podrá ser más tarde del 14 de septiembre, cuando se acaba el plazo. El próximo martes se fijará la cita en el calendario que, según ha apuntado el regidor, podría ser el jueves día 10. "Queremos que se nos escuche -ha sentenciado-. Iremos a decir de viva voz que es injusto".

Los alcaldes no podrán intervenir porque los tiempos del debate son muy restringidos pero, según reza el documento, esperan con su presencia "reafirmar lo expuesto" en el mismo y "reiterar" su "deseo" de debatir este asunto con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Queremos diálogo para que haya soluciones para nuestras ciudades. Lo vamos a pedir a las puertas del Congreso y en la tribuna de invitados", ha enfatizado Azcón.